… Para entender dónde estamos (Parte I)…

Actualmente en El Salvador estamos en un momento en el cual luego de una cruenta guerra civil, nos han caído encima casi dos décadas de implementación de medidas neoliberales y de gobiernos de ultraderecha que cada vez más sacan a luz el lastre autoritario que cargan. Frente a ello tenemos la posibilidad de luchar por un cambio.

En este artículo buscaremos algunas pistas en la historia de la política salvadoreña que permitan entender mejor la dimensión del carácter autoritario de las relaciones sociales y asumir el reto que tenemos en nuestras manos. En una primera parte se esbozarán brevemente elementos claves en la historia hasta la guerra, el cual constituye un momento de ruptura y rearticulación de la sociedad salvadoreña.

Empecemos con los orígenes: El Estado salvadoreño se formó desde sus inicios con un carácter autoritario y excluyente. Éste nació a partir de un proyecto oligárquico cafetalero promovido durante las tres últimas décadas del siglo XIX. A diferencia de los demás países centroamericanos, en los cuales el modelo económico se instauró mediante enclaves extranjeros –las típicas repúblicas bananeras--, en El Salvador el control tanto del café como del sector financiero quedó en manos nacionales, lo cual generó la creación de una burguesía salvadoreña más “altanera” y nacionalista que la de los países vecinos; elemento presente hasta la actualidad.

Luego de casi cuarenta años se dio el primer gran cuestionamiento al modelo oligárquico cafetalero, el cual mostró la fragilidad de un sistema basado en la economía internacional y la sobreexplotación de la mano de obra nacional. Los percances y la desestabilización que produjo en El Salvador la crisis financiera de Estados Unidos en 1929 y la caída de los precios internacionales del café fueron dramáticos en cuanto a costos económicos y sobre todo sociales. A nivel político, para la década de los 20´s se llevó a cabo un intento fallido de democratizar el país a partir de una serie de reformas impulsadas por Pío Romero Bosque, que culminó con el proceso de apertura durante nueve meses de gobierno del presidente Araujo en 1931.

Este corto período democratizador se interrumpe abruptamente por el golpe de Estado del Gral. Hernández Martínez a finales de 1931, quien inaugura un nuevo período en la historia sociopolítica salvadoreña caracterizado por el ascenso de gobiernos militares durante casi 50 años. Estos se plantean mantener las bases del modelo económico agro-exportador, sostenido por la continua represión y violencia. Este momento constituyó un punto de inflexión, en tanto se institucionaliza el uso de la violencia como mecanismo de control social y político.

Un hecho fundamental en la historia salvadoreña refleja tanto la magnitud del carácter autoritario como el ánimo de lucha del pueblo salvadoreño y el descontento social frente al deterioro de las condiciones sociales y económicas. Nos referimos a la insurrección y masacre indígena de 1932 en el occidente del país –zona fundamentalmente cafetalera. En enero de 1932 se dio el histórico levantamiento campesino-indígena en numerosos pueblos cafetaleros, a lo que siguió una de las más cruentas represiones en América Latina, cuando el Gral. Hernández Martínez ordena la masacre de entre 10 000 y 30 000 campesinos indígenas a los cuales se vincula con el comunismo.

No está demás decir que el trágico acontecimiento del 32 marcó mucho de la personalidad política del país. Las palabras que aludiendo al hecho escribiera el poeta Roque Dalton en su obra Las Historias Prohibidas de Pulgarcito son memorables: “Todos nacimos medio muertos en 1932… sobrevivimos pero medio vivos…”

Desde entonces el tema del comunismo, que se ubicó como justificación de la masacre, se introyectó en el imaginario político salvadoreño que permeó desde entonces y que continua vigente en los discursos políticos, sobre todo de la derecha en su intento de justificarse a sí misma.

Luego de este sangriento episodio se abre la puerta a casi 50 años de gobiernos militares en los cuales se fortalece la alianza entre oligarquía agroexportadora y (las) Fuerzas Armadas. Esta etapa, aún cuando no fue homogénea, –lo cual se manifiesta en numerosos golpes de estado: 1944, 1948, 1960 y 1961--, profundiza la exclusión política y la explotación de la gran mayoría de la población.

Otro efecto nefasto de este periodo deriva de un proceso de militarización de la sociedad a través de la institucionalización de mecanismos de control social –un ejemplo son las organizaciones paramilitares de defensa civil ORDEN-- que confrontó a la población salvadoreña y profundizó el carácter represivo de las relaciones políticas. Sin embargo, la población salvadoreña no se quedó con los brazos cruzados, lo cual se manifiesta en la presencia durante esta etapa de manifestaciones populares que cuestionaron el régimen político y económico.

En la década de 1970, la legitimidad de los gobiernos militares entra en una crisis profunda. Los fraudes electorales impuestos en 1972 y 1977 por parte de los militares revelaron que éstos no estaban dispuestos a ceder ni abrir espacios de participación. En este momento El Salvador vivió una de las crisis políticas de mayor envergadura en su historia, sin la cual no se explica el auge y apoyo social que tuvieron las iniciativas populares revolucionarias. A nivel político nacional, la crisis se expresó fundamentalmente en tres elementos, primero en la ruptura de la coalición entre oligarquía y militares que había perdurado durante casi medio siglo, segundo en el ascenso de movilizaciones sociales y en la estructuración de organizaciones revolucionarias de carácter político militar en el FMLN y, finalmente, en la posterior rearticulación de los sectores dominantes dentro de un nuevo proyecto político: ARENA.

Ante el aumento de la conflictividad social, en un esfuerzo por contener la crisis del régimen militar, en 1979 se da un golpe de Estado que persigue la transición hacia gobiernos civiles, dando lugar a la toma de poder de una junta cívico-militar. Pese a los esfuerzos por contener el conflicto armado que se avecinaba, mediante la conformación de la junta cívico-militar, hacia comienzos de la década de 1980 estalló la guerra civil.

La guerra civil se desarrolla dentro de un contexto político internacional polarizado expresado en la guerra fría. Destaca la influencia de la vecina revolución sandinista, la revolución cubana y el papel fundamental de los Estados Unidos en el apoyo y diseño de la contrainsurgencia. Este momento constituye un punto de ruptura del orden político y social en el cual la violencia y represión hacia la población salvadoreña alcanzan niveles impensables.

Durante esta década, el Estado estuvo en manos primero de la junta cívico-militar y después de la Democracia Cristiana. Una vez en el poder, ésta se caracterizó por llevar a cabo una serie de reformas económicas encaminadas a enfrentar la crisis y el conflicto –como la reforma agraria y la nacionalización de la banca y del comercio exterior, que en el fondo implicaba modificar las bases de poder de la oligarquía--, por una parte, y una firme política contrainsurgente –apoyada por el gobierno norteamericano--, por la otra. Esta alianza conformada por la Democracia Cristina, el gobierno de Estados Unidos y las fuerzas armadas, introdujo una grieta dentro del tradicional bloque de poder, dado que marginó la gestión gubernamental de las clases económicamente dominantes.

En este contexto, caracterizado por el estallido la guerra civil y por el asenso al poder de la Democracia Cristiana con políticas reformistas, en la década de los 80 nace el nuevo proyecto político de ARENA –Alianza Republicana Nacionalista-, presidido por empresarios en alianza con el ala de derecha más radical y dura de los militares. Luego de emprender una contraofensiva política e ideológica, ARENA culminó con la derrota del reformismo al asumir el poder en las elecciones de 1989, mientras modificó la estructura económica al desarrollar una serie de políticas neoliberales que seguían las indicaciones del Consenso de Washington y estaban muy a tono con los cambios en la política económica mundial.

Una editorial de la revista ECA de la Universidad Centroamericana de El Salvador, señala la esencia de las transformaciones que implicó el auge del proyecto político de las clases económicas dominantes del país: “El triunfo de ARENA, en 1989, significa el retorno de los empresarios a la administración del Estado, después de más de medio siglo de alejamiento. En ese entonces, el grupo empresarial que dirige la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social –FUSADES-, asumió la dirección del Estado con el propósito de introducir reformas orientadas a superar la crisis económica que, según ellos, era consecuencia de la guerra, de la intervención estatal y de una dirección equivocada de la economía, por parte del Partido Demócrata Cristiano –PDC-.” (ECA: 2002: 600)

Del otro lado del escenario, hacia 1980 aparece el FMLN –Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional--, en un esfuerzo por agrupar a las distintas organizaciones revolucionarias que venían germinando desde la década anterior. Así, este bloque se constituyó en un actor político, militar, social y diplomático clave en la vida del país; al punto de plantear en diversas zonas de control territorial, un orden político y social alternativo.

El FMLN, luego de la ofensiva de 1989[1], comienza a dar un giro y para 1990 se hace pública la “Proclama del FMLN a la Nación. La revolución democrática”, donde plantea cuatro grandes cambios: fin al militarismo, un nuevo orden económico social, la democratización nacional y política exterior independiente. Esta proclama muestra un viraje en la estrategia insurgente, que posteriormente derivará en las negociaciones de los Acuerdos de Paz con el gobierno salvadoreño.

Así, luego de doce años de guerra civil, el 16 de enero de 1992 se suscriben los Acuerdos de Paz en el Castillo de Chapultepec, los cuales replantearon el escenario en el país. Vásquez, un analista de los proceso políticos salvadoreños, sintetiza muy bien el momento: “Una insurrección revolucionaria, doce años de encarnizado enfrentamiento bélico y la recomposición política de las elites culminaron, finalmente, en la desarticulación del viejo Estado autoritario y el establecimiento de una nueva institucionalidad de orientación democrática”.

Los Acuerdos de Paz sentaron las bases de una nueva institucionalidad democrática. Sin embargo, no trataron a profundidad las reformas económicas neoliberales dejando la puerta abierta a los cuatro gobiernos de ARENA para profundizar los programas de ajuste y con ello profundizar la desigualdad socio-económica. El partido de derecha en el poder ha hecho caso omiso –ignorando o reprimiendo- a las numerosas manifestaciones populares que cuestionan este modelo y buscan vías alternativas para un desarrollo social y económico más justo en El Salvador.

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[1] La ofensiva de 1989, -donde la ciudad de San Salvador fue tomada por fuerzas de FMLN poniendo en jaque a los militares- le mostró al reciente gobierno de ARENA y a los militares, que contrario a su creencia de un FMLN debilitado, éste aún tenía bases fuertes y que el triunfo militar distaba de ser un objetivo cercano (Montobbio: 1999: 61)