miércoles, 10 de enero de 2007


En esta sección nos interesa generar un espacio en donde se pueda compartir y disfrutar el arte centroamericano y la riqueza cultural en su conjunto. Creemos que este aspecto es fundamental para comprender de manera más global los procesos políticos de la región y también para mirar desde varios ángulos la participación social. Las distintas disciplinas que enriquecen la cultura son en sí mismas un buen terreno para potenciar la creación.

Esta sección contiene información, artículos y opiniones sobre el panorama latinoamericano en el cual está inmerso El Salvador. Creemos que dimensionar la cuestión salvadoreña en el contexto continental es importante ya que los procesos en los distintos países de Amérca Latina están intimamente relacionados y afectan la coyuntura que vive el país. Las discusiones y análisis que se generen en este sentido son de gran valía para fortalecer posturas y posiciones.

martes, 9 de enero de 2007

REPRESION, DETENCIONES ARBITRARIAS, ALLANAMIENTOS, HERIDOS, PRESOS EN XOXOCOTLA EL 9 DE OCTUBRE DE 2008. México

Algunos artículos referentes a lo que sucede en Morelos, México y sobre todo a la represión que se desencadenó recientemente. Por favor consulten los medios y difundan lo que sucede debido a la lucha magisterial.

En Morelos la lucha sigue y sigue.

I

El 90% del magisterio morelense tras desconocer a la dirección seccional y rechazar la Alianza por la Calidad de la Educación, jubilosamente firmado por el gobernador y la arpía Elba Esther Gordillo, iniciaron y continúan un paro indefinido de labores activo.

Del 14 al 22 de agosto, realizaron cuatro movilizaciones, con 15 a 30 mil participantes en cada una, en la Ciudad de Cuernavaca. Instalaron plantón permanente en el zócalo. Y también en la sede sindical. De esto ya informamos en ES nº127.

El silencio del gobierno motivó la radicalización de las acciones en Marchas y el crecimiento del movimiento contra la ACE entre el magisterio y también en escuelas normales.

Así, en la gran marcha del 22 de agosto, con 45 mil asistentes, destacó la participación de miles de padres de familia, factor decisivo en toda lucha magisterial.

El zócalo fue insuficiente para aquel mar de gente elevando consignas, cantos, porras. Mostrando al pueblo sus mantas y pancartas. Niños apoyando a sus maestros. Mujeres y campesinos, uniendo su voz a la del maestro: ¡Plantón y paro indefinido!, consigna coreada por miles de padres de familia recorrió la marcha y se hizo efectiva al llegar al zócalo. El auge en todo su resplandor, maravilloso e imponente.

El reporte de Jalapa menciona que 900 maestros marcharon exigiendo la suspensión de la ACE. En Quintana Roo se realizó el segundo paro de 24 horas con más de 9 mil profesores. Esta incorporación nacional creció el 1º de septiembre.

En efecto, con motivo del Paro Cívico Nacional hubo paros, marchas, bloqueos. En Oaxaca (70 mil) y unos 4 mil trabajadores de la secretaría de Salud. En Michoacán unos 200 estudiantes de la Normal Rural de Tiripetío tomaron las instalaciones de la Secretaría de Educación del Estado. Las escuelas normales del DF, pararon y participaron en las marchas. En Quintana Roo se sumaron a la protesta nacional. 2 mil profesores pararon en Querétaro. La Normal Enrique c. Rebsamen, en Veracruz, estuvo en paro. Hubo toma de carreteras, bloqueos, y marcharon en Chihuahua, Tlaxcala, Guerrero y Jalisco. En Chiapas hubo movilizaciones en repudio a la privatización de PEMEX. ¡Está demostrado que la posibilidad de una protesta nacional está latente! ¡A luchar, a luchar, por un paro nacional!

Vázquez Mota declaró que las movilizaciones eran “muestras de preocupación que no alcanzan un nivel nacional” ¡La inepta secretaria de educación podría tragarse sus palabras bien pronto!

II

Las escuelas normales reaccionaron en forma indignada al plan imperialista de desaparecerlas y suplirlas por escuelas técnicas para meseros y otras muchas tareas del turismo, completamente en línea con el proyecto de Nación que tiene para México: país para el entretenimiento de los juniors y los pensionados de Estados Unidos y de la Unión Europea, ¡un gran burdel al servicio de los ricos extranjeros! La Benemérita Escuela Nacional de Maestros, la de Educadoras, la Normal Superior de México, la rural de Ayotzinapa, la de Amilzingo y Cuautla, el CRENO de Oaxaca, la de Atequiza, se han movilizado. En Guerrero, el Gobernador Torreblanca, los castigó quitando el presupuesto para comida, lo cual despertó indignadas protestas de maestros, alumnos y padres de familia: ¡La desaparición de escuelas normales para Ayotzinapa y el Mexe no son amenaza sino brutal realidad!

“Los normalistas consideraron que estos actos van dirigidos a que el Estado se deslinde de la responsabilidad constitucional de ofrecer como derecho una educación pública, quedando como única alternativa la educación privada; beneficiando a los empresarios y evitando los gastos destinados a la educación. ¿Entonces a quién beneficia la “Alianza por la calidad de la educación”? y han difundido qué: “Dicha alianza no fue diseñada para beneficio de nuestro pueblo, sino para el beneficio de los grandes burgueses; por lo tanto va en contra de la nación, éste se trata de un proyecto netamente imperialista por lo que la nueva ofensiva contra la educación popular abarca no sólo al magisterio sino a toda la población.

Los normalistas no debemos permitir que se nos desconozcan los años de preparación por los cuales recibimos un título emitido por la SEP que nos avala como profesionistas aptos para impartir clase y mucho menos que se nos imponga la evaluación de un organismo externo –como el CENEVAL- con sus tan dudosos exámenes/filtro; ya que por medio de ese examen se define nuestro futuro que la experiencia de varios años ha demostrado que esas “evaluaciones” al final de cuentas no son tal; sino embudos que dejan sin acceso a la educación a miles de personas. Esta Alianza promueve la llegada de maestros que no tienen arraigo en la región, ni compromiso con la población y cuyo único mérito es haber calificado un examen trivial que no evalúa la capacidad, ni el compromiso del docente, sino un perfil de un maestro sumiso y fiel aplicador de mandatos externos. Adiós a las profundas lealtades que el magisterio tiene con su trabajo, que tan importantes han sido para sostener la educación en nuestro país aún en tiempos de salarios miserables y condiciones inauditas de trabajo. Debemos defender la autonomía de la educación mexicana. El “concurso nacional de oposición” que es parte de la ACE representa el rompimiento definitivo del vínculo maestro-región, la desaparición de las normales públicas, de donde egresan los profesionales más comprometidos con el desarrollo de la sociedad mexicana, así mismo la privatización total de la educación en nuestro país.

Las escuelas normales han sido, son y serán promotoras de una conciencia político-social-liberadora de los pobres. Nadie mejor que los maestros normalistas saben de las carencias de su pueblo, somos analíticos y críticos de la desigualdad, de la discriminación, más no conformistas sino realistas consecuentes al resolver los sucesos del día a día, concientes de la relación estrecha entre el educador y educando. Conocemos el uso de la palabra y las consecuencias de nuestro silencio”. (citado textualmente)

La juventud normalista, como era de esperar, sale en defensa del normalismo. Está en marcha un proyecto de Frente Nacional de escuelas normales. A las marchas han salido llenas de vigor y entusiasmo. Y esto es sólo el inicio de su incorporación a la lucha.

III

LA LUCHA SIGUE Y SIGUE

En la madrugada del 4 de septiembre el gobernador del Estado de Morelos, Marco Antonio Adame Castillo se reunió con la comisión negociadora de los maestros pues están en paro desde el 18 de agosto del presente año. La respuesta que obtuvieron a su pliego petitorio, según los profesores Nicanor Pérez Reynoso y Oscar Miranda, voceros del movimiento, que el mandatario estatal iba analizar con autoridades federales la posibilidad de flexibilizar la alianza por la ACE.

En respuesta el magisterio morelense realizó el 5 de septiembre una gran marcha magisterial con padres de familia que demostró una gran capacidad de convocatoria y que la gran mayoría de padres de familia apoyan a sus maestros de educación básica.

Los padres de familia cerraron los accesos al palacio de gobierno durante algunas horas y a petición de los representantes magisteriales, permitieron la salida de todas las personas que se encontraban dentro del Palacio, sin ninguna agresión ni física ni verbal.

Ayer 5 de septiembre desde las nueve de la mañana, miles de maestros se concentraron en distintos puntos de la ciudad para iniciar la mega marcha denominada, “pies cansados”.

Un contingente tanto de profesores como de paterfamilias salió de la glorieta de la paz y a paso lento caminaron por la avenida domingo diez, el segundo de la glorieta de la luna y se dirigieron sobre la avenida domingo diez, el tercer grupo partió de la secundaria nuecero cuatro ubicada en la colonia Chipitlán desfilando por las avenidas las palmas y Morelos.

Entre pancartas y consignas, los docentes llamaron a las autoridades del gobierno del estado, a ser flexibles en su postura y atiendan cada una de las demandas que integran su pliego petitorio, principalmente la cancelación definitiva del Acuerdo por la Calidad Educativa.

Así marcharon hasta incorporarse al primer cuadro de la ciudad, pasaba de la una de la tarde cuando se apoderaron del centro histórico y arribaron a la explanada de palacio de gobierno.

Tras recorrer las calles principales que confluyen al Centro para exigir una solución a sus demandas laborales, los profesores disidentes, hicieron un mitin en la Plaza de Armas. Tras el mitin, participantes de la marcha intentaron entrar a Palacio y ante la imposibilidad, bloquearon los accesos e impidieron la salida del personal que se encontraba en el interior.

El bloqueo, que según los trabajadores sindicalizados fue realizado por papás que se les salieron de control, duró alrededor de cinco horas, tomaron como rehenes durante cinco horas a empleados del Palacio de Gobierno, al cual intentaron ingresar.

Mientras las horas avanzaban, la protesta se salió de control, pues a decir de los maestros, algunos padres de familia que invitaron a la marcha se aferraron a condicionar la salida de burócratas por el diálogo con el Gobernador Marco Antonio Adame.

”De aquí no nos vamos a quitar hasta que venga el Gobernador y resuelva el problema de los maestros (…)”, y reprocharon a los maestros que los hayan convocado para apoyarlos y que en ese momento se negaran a presionar más a las autoridades.

“Ustedes nos pidieron apoyo, ahora por qué nos quieren quitar (…) si ya no quieren déjennos solos porque no nos vamos hasta que el Gobernador venga” gritaron visiblemente enojados.

Esta gran movilización, demostró que el movimiento magisterial, a pesar de que en algunas escuelas, un grupo minoritario de maestros ha retornado a clases, debido a los compromisos con el charrismo o bien, para poder cobrar su quincena, está acumulando fuerzas en mayor número y que la participación de padres de familia es fundamental para el logro de sus demandas así como la participación del magisterio nacional para impedir que el movimiento sea reprimido total o selectivamente, ya que el gobierno del estado y los charros del SNTE continúan con una enorme campaña de calumnias y difamación del movimiento a través de sus televisoras (Azteca-Televisa) y la radio comercial con la finalidad de preparar una opinión pública, favorable a la represión del movimiento. Por ello es necesario que el movimiento de los maestros tenga su propia prensa de información, organizar una coordinadora de padres de familia por regiones, para que se organice conjuntamente con los maestros a las acciones de la lucha por las demandas magisteriales y las demandas de sus comunidades. Se está pues, ante la posibilidad de fortalecer el movimiento y de que éste alcance un nivel político de mayor compromiso, es decir, popular. Analizan la posible huelga de hambre y paralizar la ciudad.

IV

La movilización en Morelos abrió la negociación. El representante de la Secretaría de Gobernación afirmó: “La Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) es un acuerdo nacional y cada estado lo valora y lo suscribe si lo considera conveniente para su entidad”. A su vez, voceros del Movimiento dieron a conocer que se presentó al Gobernador una propuesta de proyecto “alternativo” que está orientado a mejorar la calidad de la educación pero sin que se afecte los derechos laborales. Piden la cancelación total de la ACE. Lo cual se dijo: “es una facultad que tiene el señor gobernador, el sabrá si lo hace o no”. Y que es un asunto que compete al SNTE y al gobierno estatal.

El plantón sigue. El paro también. Han acordado llevar a cabo una Marcha a Los Pinos. Y seguir liberando casetas de cobro en carreteras. A la marcha de “pies cansados” asistieron 50 mil personas.

En el plano nacional siguen las acciones de protesta. En Guerrero los maestros de la CNTE tomaron cinco estaciones de radio exigiendo que se anule la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) y que el gobernador perredista los reciba en audiencia. En Quintana Roo continúan las movilizaciones contra la ACE. En Oaxaca, normalistas del CRENO bloquearon avenidas para repudiar la ACE y los planes de desaparecer las normales. En Veracruz, 2 mil maestros exigieron al Gobernador que rompa el pacto firmado con Elba Esther Gordillo. El paro de labores prosigue en Quintana Roo.

V

¡Crece el descontento! La ola es bastante grande. El repudio a la ACE y la defensa del normalismo, están uniendo y movilizando a decenas de miles.

Un hecho significativo es la Asamblea Masiva de la sección Novena de la CNTE compuesta por maestros y educadoras del Distrito Federal, que es, como se sabe, el centro neurálgico de la lucha contra la privatización de PEMEX, con fuerzas que vienen desde la protesta contra el fraude electoral que llevó a Felipe Calderón a la presidencia. Puede ser la chispa que encienda la llanura reseca y regada con: desempleo, inflación, bajos salarios, represión a los jóvenes y vendedores ambulantes, condenas injustas a luchadores sociales e impunidad a los asesinos y represores.

He aquí los acuerdos y los pronunciamientos de la Asamblea Masiva de la Novena.

La asistencia aproximada de compañeros de base fue de 1000.

Se presentó a todos los integrantes del CES.

El punto de más discusión fue el de si paro de 24 horas, 48 horas o indefinido.

Acuerdos:

I.-DEMANDAS CENTRALES:

Homologación de la novena con otras secciones en: aguinaldo, bonos, pago de días económicos no utilizados.
Derogación de la Ley del ISSSTE.
Reconocimiento del Comité Ejecutivo Seccional.
Rechazo total a la Alianza por la Calidad de la Educación.
Demandar la instauración de proyectos de formación profesional debidamente sustentados.
II. Realizar paros escalonados, preparatorios del paro indefinido:

Paro de 24 horas, 23 de septiembre.
Paro de 48 horas, el 8 y 9 de octubre.
El jueves 11 reciben a los compañeros de Morelos 1 o 2 por escuela. Cita 1pm en Tlalpan, frente al hotel Holiday Inn.
Día Intensivo de brigadeo 18 de septiembre. Desde el jueves 11 habrá propaganda para el brigadeo. Información a los padres de familia.
Próxima asamblea masiva: sábado 11 de octubre a las 10am, lugar por confirmar.
realizar movilizaciones en las sedes en donde los charros están convocando para quitarles gestoría.
III. Pronunciamientos del MANIFIESTO DE TLATELOLCO:

EL DESCONOCIMIENTO de Elba Esther Gordillo Morales como dirigente del SNTE.
EL CASTIGO EJEMPLAR para Elba Esther Gordillo Morales por todos los delitos cometidos.
EL DESCONOCIMIENTO del “comité” espurio de la Sección IX del SNTE.
EL RECONOCIMIENTO del Comité Ejecutivo de la Sección IX Democrática del SNTE, encabezado por nuestro compañero el profesor Francisco Nicolás Bravo Herrera, porque la mayoría de los maestros así lo decidimos con nuestro voto desde la base y porque representa la defensa irrestricta de los derechos laborales, y justas demandas de los maestros.
ESFORZARNOS más y mejor, luchando codo a codo al lado de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, personalidades, intelectuales, organizaciones sindicales, sociales, y aún políticas, para acabar de una vez, por todas con el charrismo sindical e instauraremos una democracia de los trabajadores y pueblo de México.
La CNTE clausuró y se cantó “Venceremos”

Compañeros:

Cumplimos el compromiso de informar a la base magisterial con la mayor objetividad posible.

Terminamos uniéndonos a la convocatoria a dar la bienvenida a la gran marcha del plantón de Cuernavaca a Los Pinos. Todo el apoyo a los maestros; es enorme la ofensiva gubernamental en contra del movimiento, por spots de radio continuos, carteles, en TV Azteca y Televisa reclaman que si ya están negociando por qué sigue el paro, el plantón y ahora la marcha a Los Pinos, ¿por qué no ceden?, etc. Pese a lo cual el pueblo los padres de familia están con los maestros, pero la amenaza de represión es seria. Apoyo total al Plan de Acción de Morelos:

Lunes brigadeo masivo.

Martes bloqueos al Palacio de Gobierno y Hacienda

Miércoles marchas del Plantón a Los Pinos. Llegada a la ciudad de México a las 3pm y quedarse 48 horas.

Viernes. Liberar casetas de peaje.

La Asamblea Nacional Representativa de la CNTE se llevará a cabo en Cuernavaca.

¡A LUCHAR, A LUCHAR, POR EL PARO NACIONAL!
Indymedia México


Nuevo desalojo en Morelos: el turno de Xoxocotla


Como en días anteriores, la ofensiva policíaca y militar continuó en Morelos.

El jueves 9 de octubre a partir de las 11 de la mañana, se reinstaló el bloqueo de la carretera Cuautla-Jojutla, por parte de pobladores y maestros de Xoxocotla. Pasadas las 3 de la tarde, policías apoyados por helicópteros que lanzaron gases lacrimógenos, cargaron contra los manifestantes: 2000 elementos desalojaron el bloqueo y realizaron 16 detenciones, además de catear casas en las orillas de la carretera y establecer patrullajes en el pueblo. La prensa local reportó al menos 10 heridos en el enfrentamiento. Los pobladores de Xoxocotla afirman que los detenidos son más de 16 y un número indeterminado de desaparecidos. Por la noche, la policía estableció un cerco a la entrada de la población. La mañana del viernes 10, se reporta un fuerte cerco policíaco en Xoxocotla.

Como respuesta a la represión en Xoxocotla, por la noche se realizó una marcha en Puente de Ixtla, exigiendo la libertad de los detenidos y el alto a la represión.

Se reportan paros de solidaridad en Oaxaca y Michoacán.

En otras noticias, 9 de los detenidos el miércoles en Amayuca fueron liberados el jueves 9 de octubre. Se trata de 5 compañeras y 4 menores de edad. Los otros 40 detenidos continúan en la Procuraduría General de la República en Cuernavaca.

También el jueves 9, en Axochiapan pobladores cerraron la presidencia municipal para exigir que el presidente medie y se liberen a tres profesores de la comunidad que están detenidos: Epifanio Hernández Reyes, Marino Mozo Citlalapa y Mario Aguirre Hernández de 50 años. En Jonacatepec se movilizaron para reclamar al presidente municipal que haya dejado entrar a la policía. En Felipe Neri, productores de Nopupalco agredieron a los maestros que mantenían bloqueada la carretera Oaxtepec-Xochimilco.

El plantón magisterial abandonó las calles aledañas a la Plaza de Armas, concentrándose en la plaza, en razón de un acuerdo con los comerciantes de la zona, quienes ofrecieron intervenir ante el gobernador Adame para que de solución a las demandas de los maestros morelenses.
Indymedia México



La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos y el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa continuamos recibiendo informaciones de la población de Xoxocotla que fue agredida por elementos de la PFP, del Ejército Federal Mexicano de la 24ª Zona Militar con tanquetas y helicópteros, así como granaderos de la SSP de gobierno del estado de Morelos, de acuerdo a los siguientes datos:

15.24 horas, van rumbo a Xoxocotla 2 camiones más de policías, así como 10 camionetas; a las 13.57 llegan entre 300 y 500 elementos de la PFP, se repliega la gente y se le dispara directamente al cuerpo las granadas de gas lacrimógeno, hay muchas mujeres y niños lastimados. En la Colonia Otilio Montaño la familia del Profesor Santiago García, de la Secundaria Técnica No, 18, fue detenida por la policía del estado. En la Torre Morelos, donde se ubica la secretaría de seguridad Pública del Estado, a quienes se acercan a preguntar por los maestros se les detiene.
A las 16.47 horas, van tres camiones más de la PFP.

A las 17.09 horas nos avisan que el centro del poblado se encuentra sitiado por granaderos.

A las 17.20 van 5 camiones con granaderos y 1 más del ejército.

A las 18.36 horas llegan 3 camiones para llevarse a los detenidos.

A las 19.07 horas 200 efectivos de la PFP y cerca de 40 militares, se encuentran apostados en el puente de entrada y en el crucero.

19.53 horas, los militares están en los campos no se pueden ubicar a simple vista, la gente se empieza a reagrupar, en el centro del pueblo, en grupos de cinco, seis van llegando, otra esta en la puerta de sus casas, otras caminan sin saber bien que pasa., reina una tensa calma. Hay cuatro pipas de agua y un carro de bomberos. Hay muchos heridos.

El reporte de las 21.34 señala como desaparecidos a

FLORENTINO GONZALEZ CABRERA XOXOCOTLA

GREGORIO GONZALEZ GONZALEZ

ALBINO JORGE MATA XOXOCOTLA

Estas TRES Personas fueron ubicadas en los separos de la procuraduría de justicia del Estado.

A las 21.38 hay un retén en Chipitlán y a los maestros los están deteniendo impidiéndoles llegar al centro de Cuernavaca.

LISTA DE DETENIDOS EN LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA DEL ESTADO.

VENTURA HUERTA RAFAEL
ABEL MONTES GONZALEZ
ALBINO JORGE MATA
RUFINO LEAL REZA iba con su hijo quien se encuentra en calidad de desaparecido.
CECILIO MARTÍNEZ
FLORENTINO GONZALEZ CABRERA
FRANCISCO TEODICIO MARTINEZ
RUBEN NAVA RAMIREZ
MANUEL BONILLA OLMOS
ABRAHAM ESCORCIA BELTRAN
ARMANDO CAPISTRAN HUERTA
CLEMENTINO SOPEÑA BASTIDAS
GREGORIO GONZALEZ TEODICIO
WUALFRE CARILLO SOTELLO
RODRIGO CARRILLO SOTELO
JORGE ARMANDO RAFAEL FLORES.
A las 02.00 terminaron de rendir su declaración todos y cada uno de los presuntos y será hasta hoy a las once de la mañana cundo se defina su situación jurídica.
Todos se encuentra muy golpeados, con heridas y moretones, la espalda, todos, la tienen llena de moretones, por los golpes con tolete, tienen los pies quemados porque los policias los hicieron caminar sobre las brasas que quedaron de la quema de llantas, que usó la gente como barricadas, y sobre vidrios. Más de siete horas después no habían recibido agua, alimentos ni medicamentos, los que se les suministraron hasta que fueron comprados por nosotros.
Los delitos que se les imputan son: motín, asonada, resistencia de particulares, ultrajes a las vías de comunicación, estorbo del aprovechamiento de bienes de uso común, contra la seguridad de tránsito en agravio de la sociedad, asociación delictuosa, y lo que resulte.

TESTIMONIOS DE LOS DETENIDOS, EN LOS SEPAROS DE LA PJG.

Oídos sordos. Rocha/La Jornada.

ABRAHAM ESCORCIA, vecino de Zacatepec.

"A mi me agarraron cuando llegaba al pueblo, porque había ido a trabajar en el mercado de Cuernavaca. Me golpearon en la espalda y me quitaron mis huaraches, y me obligaron a caminar sobre los rescoldos de las cenizas de las llantas y también había vidrios por lo que tengo quemaduras de tercer grado en los dos pies como me dijo el doctor cuando me revisó al llegar a la Procuraduría, porque desde que me detuvieron no me atendieron a pesar de que estaba a punto de desmayarme por los dolores, después me subieron a golpes a una patrulla y me llevaron allá abajo, en el sector, donde el doctor me curó y me puso vendas".
Pudimos constatar que presentaba quemaduras en la planta de los pies, excoriaciones diversas y moretones, dolor de costillas de ambos lados.

ALBINO JORGE MATA.

"Caminaba sobre una de las calles del pueblo cuando se me vinieron los policías, me pegaron en la cabeza y todo el cuerpo, no se porque me trajeron yo no se nada de lo que pasó."
JORGE ARMANDO.

"Me duelen las costillas, la nariz la tengo lastimada, me duele la cabeza. Yo venía de trabajar y caminaba por una calle, no supe porque ni quienes me pegaron. Me quitaron mi dinero."
VENTURA HUERTA RAFAEL.

"Me pegaron en la cara, las costillas y la pierna del lado derecho, me robaron 40.00, mi raya de hoy, me quitaron las agujetas y los zapatos y me hicieron caminar descalzo, desde donde me detuvieron hasta donde me subieron a la patrulla. Desde allá abajo, Sector de Xochitepec, me traen caminando descalzo."
Se le apreciaba el puente de la nariz inflamado, la camisa rota y no tenia zapatos, que según dijo, le quitaron los policías.

ABEL MONTES GONZALEZ.

"Me detuvieron en mi domicilio cuando llegué a ver a mis dos hijos que están enfermos y me golpearon en todo el cuerpo. Me duele sobre todo la espalda. Nos pusieron la cara pegada al piso de la patrulla y con la bota encima. Nos golpeábamos cuando pasábamos a toda velocidad por los topes. Algunos compañeros sangraron de la nariz cuando se golpeaban.

"Vi cuando se llevaron a nueve personas conocidas que no los remitieron con nosotros a la Procuraduría. No se hasta el momento en donde están."

ARMANDO CAPISTRAN HUERTA.

"Yo venía de trabajar cuando me detuvieron, ni siquiera me dejaron llegar a mi casa cuando ya los tenía encima de mi y me golpearon por todo el cuerpo y me arrojaron a una camioneta, donde otros compañeros estaban heridos."
RIGOBERTO LEAL DIAZ.

Lo dejaron en el edificio de la Secretaría de la Seguridad Pública, tiene 17 años de edad y su papá, detenido cuando viajaban ambos en una moto de regreso del trabajo, los dejaron pasar en el primer retén los policías y los siguientes los detuvieron, los golpearon y les quitaron la moto.

WALFRE GARCIA ARROYO.

Profesor de le escuela Secundaria Miguel Salinas de Tlaquiltenango. Fue detenido en su domicilio porque le encontraron su credencial de maestro.

Le rompieron los cristales a su vehículo marca tsuru color blanco placas PVX123.

Le quitaron 800 pesos y su tarjeta bancaria, así como su celular número 7341121908.

RUBEN NAVA.

Es vecino de Cuernavaca y se dedicaba a la venta distribución del periódico Unomásuno que lleva en su portada fotografías de la represión y los policías enojados le arrebataron todos los periódicos y lo despojaron de 2 mil 500 pesos.

FLORENTINO GONZALEZ CABRERA.

Cuando lo detuvieron lo patearon y le pusieron las botas encima. Los insultaban y burlándose le decían los policías que parecían "indios marranos".

MANUEL BONILLA OLMOS.

"Soy carnicero y me dirigía a matar un puerco y llevaba 4 cuchillos. Les pedí permiso a los policías que estaban casi enfrente de donde había estado el retén, ya que me dirigía la mueblería La Divina, los policías me dieron permiso de pasar y cuando ya iba llegando a la mueblería me golpearon por la espalda y me tiraron, me quitaron los cuchillos que uso para mi trabajo."
CECILIO MARTINEZ DE LA MADRID.

"Yo estaba sentado enfrente de mi casa cuando los policías llegaron y me corretearon por la calle y me echaron encima una patrulla para que me atropellara. Me golpeó la patrulla, me aventó lejos y me desmayé. Tengo lesiones en mi pierna y cadera."

FRANCISCO TEODOCIO MARTINEZ.

"Me descalabraron en la cabeza con golpes que me dieron los policías cuando me llevaba en la patrulla y no alcancé a ver con que me pegaban, me culpan de que anduve acarreando bombas molotov en una camioneta, pero yo corrí porque vi cuando arrojaban los gases lacrimógenos."

TESTIMONIOS DE MUJERES DE XOXOCOTLA:

MARIA SOPEÑA GONZALEZ.

"Salí de mi casa como a las nueve de la mañana con mi hija, estuvimos en el centro de el pueblo para ver si pasaba algo. Después, entre nueve y media y diez de la mañana, escuchamos que estaban repicando las campanas de la iglesia y entonces como en nuestro pueblo esa es una llamada de alerta nos fuimos rápidamente para el puente peatonal donde estaba el plantón de padres de familia, ahí me di cuenta de que uno de mis hijos estaba también , nos avisaron que estaban lo granaderos en el lugar conocido como Tapalehui en un comboy también con varias camionetas de policías federales y por el lado del aqua ski en camiones de turismo y entonces nosotros fuimos a Tapaleui caminando porque ahí estaban muchos compañeros de las moto taxis trabajando y valientemente pasando junto a los granaderos, cumpliendo su servicio publico de transporte sin violentar a nadie(pertenezco a un grupo). Después vimos como los reporteros corrieron hacia el llamado de los granaderos, para esto eran como las 2 de la tarde, empezaron los helicópteros a volar muy bajo y a provocar a la población y vimos que se empezaron a preparar quiero señalar que los reporteros acudieron al llamado de los granaderos pero los que fueron con los granaderos eran de los monopolios del país, principalmente de televisión y que los que para mi son respetables son los de los periódicos que se quedaron con nosotros, porque hasta ellos sufrieron lo que les denunciare a continuación: eran las tres de la tarde y todos gritaban ¡ahí vienen los granaderos! entonces mi hijo fue con un amigo a comprar cubrebocas a la farmacia y no llegaba entonces mi hija me dijo que fuera a buscarlo para andar los 3 todos juntos y ella se quedo al frente con sus amigos a esperar a los granaderos después ya no los volví a ver."
MARIA LUISA BARON BRAVO.

"Mi esposo Rodrigo Carrillo Sotelo venía de trabajar en Temixco de la Aurrerá porque es tablajero, y se lo llevaron detenido los policías.

"Cuando ya estaba el enfrentamiento con 2 mil granaderos empezó la batalla. Nos arrojaron gases de los helicópteros. Con el gas la gente se desmayaba, incluso la que estaba en el mercado local.

"A los que alcanzaban en la calle los golpeaba la policía.

"Salí en busca de mi hijo de 15 años y los helicópteros bajaban casi al ras de las casas y nos aventaban los gases.

"A mi me tocó el gas cerca y me hacía llorar".

ERACLIA APOLINAR ROSAS, esposa de Gregorio González Cabrera.

"Mi esposo iba a buscar trabajo y se metió en casa de su comadre y de ahí lo sacaron los policías, donde rompieron el portón.

"Aventaban como pelotitas de plástico contra los cuerpos de la gente y sin ningún respeto nos golpeaban. Eran bolas duras que disparaban desde arriba de los helicópteros y golpeaban muy duro en el cuerpo de la gente".

AGUSTINA DIONISIO JUAREZ, mamá de Gregorio González Dionisio.

"Él estaba cuidando su casa y de ahí lo sacaron rompiendo la TV de su abuelito. Somos muchos familiares y todos fueron agredidos por la policía. Ellos me avisaron que la policía se había llevado a mi hijo de 22 años. Cuando terminó el movimiento yo no podía caminar ni respirar porque me ardía la piel y los ojos por los gases.

"Nos rodearon todo el pueblo miles de granaderos.

"Se metieron a las casas a hacer feo.

"Tumbaron un portón de la casa a patadas los policías.

"Aventaron balazos al aire. La gente lloraba por los niños que estaban espantados.

"Los policías armados le gritaban a la gente que a ver si seguían gritando como perros como lo estaban haciendo en la noche cuando tenían el plantón."

DESAPARECIDO

RIGOBERTO LEAL DÍAZ 17 Años de edad.



LA OTRA CHILANGA

http://laotrachilanga.blogspot.com/

El 68, Morelia, el ejército y la represión política

Andrés Avila Armella
Rebelión


Resulta curioso que a cuarenta años del 2 de Octubre de 1968 se escuchen voces al interior del Estado mexicano, tanto a través de funcionarios de distintos partidos, en las cámaras legislativas, autoridades de la UNAM y a través de los medios orgánicos de comunicación del régimen, una reivindicación del movimiento estudiantil que fue despiadadamente reprimido por las tropas del ejército mexicano en aquella noche.

Dentro del discurso de Estado, se trata de poner a los estudiantes caídos como parte de los mártires que dieron origen a un tal cambio democrático; supuestamente el 68 ha triunfado porque ya vivimos en un México libre y democrático en donde existe libertad de expresión. Nada más falso.


El Movimiento estudiantil de 1968

El movimiento del 68 nos habla de una generación que crecía viendo a sus lados la continua represión de un régimen que se reclamaba heredero de la justa heroica del pueblo mexicano de 1910-1920. Ese régimen fue construido en parte a través de la apropiación mañosa de la memoria histórica de nuestro pueblo, un régimen que reprimiendo al movimiento obrero colocó a sus representantes a la cabeza de los sindicatos y centrales de trabajadores, que asesinando agraristas se apropió de la dirección de una reforma agraria que distó mucho de las aspiraciones de quienes habían entregado su vida por esa causa, que reprimiendo, cooptando o desapareciendo a los dirigentes políticos populares, se decía un gobierno revolucionario y popular.

Aquella generación de jóvenes estudiantes había llegado a las instituciones de educación superior porque el modelo de desarrollo capitalista vigente en ese entonces exigía el crecimiento de un sector de profesionistas, técnicos e intelectuales que contribuyera al crecimiento de una limitada burguesía nacional, ya sea a través del sector privado o bien, a través de oficinas y departamentos de Estado. Esta serie de condiciones propició que en el Politécnico y la Universidad se encontrara un buen número de hijos de la clase trabajadora, ellos escuchaban a su alrededor de estas historias de cooptación, traición y represión, a la vez que el estudio les proporcionaba una perspectiva de los acontecimientos que a nivel mundial hablaban de la lucha de clases y la revolución en Cuba y Vietnam por ejemplo.

Definitivamente el movimiento del 68 no tenía, en general, la intención de transformarse en una revolución socialista, simplemente aquella generación sabía y veía que el régimen no permitiría siquiera que se abordara una discusión importante al respecto, sabía que si no se rebelaba ante el orden de cosas existente su destino sería la cárcel, la muerte, o su triste incorporación a dicho régimen con el cual disentían. Así es, el movimiento del 68 no exigía en su pliego petitorio una Revolución sino algo muy anterior, un escenario político en donde obreros, campesinos y estudiantes pudieran desarrollar libremente la lucha por sus reivindicaciones, su propio desarrollo político que pudiera llevarlos en todo caso a decidir libremente sobre el futuro del país en donde por supuesto se incluía la opción de optar por el socialismo.

Prácticamente el pliego petitorio demandaba una serie de muestras de voluntad por parte del gobierno mexicano de respetar las garantías individuales consagradas en la Constitución; es por ello que dentro de las demandas del movimiento estudiantil se encontraba la desaparición del artículo 145 y 145 (bis) del Código Penal Federal, el cual hablaba del delito de disolución social, mismo que servía de instrumento jurídico para reprimir a movimientos, organizaciones y dirigentes políticos de izquierda sin una justificación plena de comisión de delito alguno que, en efecto, pudiera comprobarse agravara en alguna forma al pueblo mexicano. Así mismo, se encontraba la exigencia de la libertad a los presos políticos provenientes de las filas del movimiento obrero como lo era Demetrio Vallejo y la desaparición del cuerpo de granaderos2. Finalmente, después de algunos años, se liberaron a algunos presos políticos y se derogaron los mencionados artículos, mas nunca desapareció el cuerpo de granaderos y de hecho, cada vez está mejor equipado y se encuentra en distintas modalidades, existen cuerpos antimotines a nivel municipal, estatal y federal, incluso la Policía Militar tiene un cuerpo antimotines; además, de ninguna manera renunció el Estado a contar con instrumentos jurídicos de represión ni, por consiguiente dejaron de existir los presos políticos en el país.3

Sin duda alguna, el Estado mexicano no permitió entonces tales transformaciones reformadoras, puesto que era conciente de que su estabilidad como régimen dependía en gran parte de su capacidad represiva y de control político sobre los espacios donde discutían y se organizaban los trabajadores o los hijos de éstos.

El Estado mexicano ha sufrido algunas transformaciones con respecto de aquel régimen priísta de los años sesenta. En aquel entonces, el Estado descansaba principalmente en un Partido que tenía la capacidad de incorporar a un número importante de ciudadanos, organizaciones patronales y de trabajadores así como intelectuales bajo un mismo cobijo partidista. Precisamente el 68 marca, ahí sí, un momento en el que ese Estado está entrando en una crisis política que le dificulta seguir controlando a tantos sectores potencialmente inconformes. Poco a poco, pero principalmente a partir del movimiento electoral de 1988, y cuando la dirección del PRI, y del Estado Mexicano habían pasado de una burguesía nacional entreguista al imperialismo, a manos de una burocracia que servía directamente a los intereses de éste último, desapareciendo entre otras cosas a la burguesía nacional y rompiendo la alianza relativa que se sostenía con sectores de obreros y campesinos, es que el Estado Mexicano abre su espectro partidario, y lo que antes representaba el PRI, ahora lo representan principalmente tres partidos, el PRI, PAN y PRD4.

El espectro político de estos tres partidos no es mucho más amplio que el que cabía dentro del PRI de los años sesenta, dentro de éste siempre existieron posiciones que iban más hacia la derecha y otras más hacia la izquierda, naturalmente que lo que no cabía dentro del PRI era un sector auténticamente revolucionario que no sólo cuestionara algunos procedimientos y formas de ejercer el poder sino al modo de producción capitalista y su consecuente sistema político5. Quien así se lo proponía solamente tenía la opción de hacer política independiente, sin acceso a los medios masivos de comunicación ni de prensa, sin recursos económicos provenientes del Estado, y principalmente bajo la amenaza de ser reprimidos.

Hoy en día, la cosa es muy similar, dentro del Estado gestionado principalmente por esos tres partidos se admite solamente un espectro que insisto, no es mucho más amplio que el de aquel PRI. Esta situación es, traducido ideológicamente por la clase dominante, un cambio democrático en donde existe el derecho de organizarse y opinar libremente. Mientras que en todo caso, lo que vemos es una discusión interna del régimen que a vece se convierte en pública, es decir que lo que antes se decidía en los órganos de discusión interna del PRI, ahora se presenta como circo electoral a través de los medios de comunicación. Por cierto dichos procesos resultan altamente costosos en términos de recursos públicos.

Ahora, quienes desde el Estado reivindican el 68 no lo hacen por compartir, ni en lo más mínimo, los ideales de aquel movimiento. Lo hacen para justificar ideológicamente al Estado actual, ligándolo además, por si fuera poco, con el neoliberalismo, es una oportunidad de los neoliberales para desprestigiar a aquellos que señalan como populistas. Mientras que para quienes se organizan políticamente por fuera del espectro de Estado, ahora compartido por tres partidos, la suerte no es muy distinta a quien lo hacía en los años sesenta, para muestra basta un Atenco6.


El ejército

Para quien conozca la teoría marxista del Estado, desarrollada magistralmente por Lenin, sabrá que ningún análisis que apunte al mismo estará medianamente completo sin atender al asunto de la fuerza pública representada en su máxima expresión por el ejército, pero sabrá también que el Estado no siempre se presenta como tal, es decir, algunos órganos de Estado a veces se presentan como privados o bien como fenómenos ajenos al mismo, sobre todo cuando esto pudiera contradecir su fundamento ideológico, pero por ahora concentrémonos en dicha institución para más adelante hablar de los organismos no formales de represión.7

Precisamente, el Ejército Mexicano jugó un papel clave en la represión de la plaza de las tres culturas de Tlatelolco. Un cuerpo que supuestamente está destinado a defender la soberanía nacional y el bien común fue el que operó logística y materialmente la matanza del 2 de Octubre del 68. Un cuerpo entrenado para la guerra es llevado a resolver un asunto civil y, naturalmente se presenta al lugar, no a tratar con disidentes o con ciudadanos sino a combatir a un enemigo.

Los asuntos militares, antes y ahora son tratados con estricta confidencialidad, no fueron los órganos legislativos, judiciales o los instrumentos civiles del Estado quienes discutieron y llevaron a cabo la represión, el asunto se planeó con absoluta secresía desde la milicia; ésta controló la información al respecto, antes y después de la matanza; incluso hoy, los chivos expiatorios y presuntos responsables que en ningún caso han sido condenados por el poder judicial, se han señalado entre civiles, y los militares no han sido procesados ni en lo individual ni a nivel institución, ni dentro del fuero civil ni militar. El mismo ejército que perpetró la masacre de Tlatelolco es el que tenemos ahora, a través de él no ha pasado ni mínimamente algún cambio democrático, funciona exactamente de la misma manera que antes y la línea de mando se ha ido transmitiendo por los generales y oficiales que participaron de ese y otros sucesos en la llamada “guerra sucia”8.

El ejército mexicano no ha realizado, desde la incursión norteamericana en Veracruz en 1914, ningún acto en defensa de la soberanía nacional, en cambio ha estado operando la represión masiva y selectiva en contra de la disidencia política, principalmente revolucionaria. Recordamos su participación en el asesinato a Rubén Jaramillo, en Tlatelolco, en la ocupación militar del estado de Guerrero para combatir a la ACNR y al PDLP9, que dejara miles de muertos y desaparecidos entre civiles y guerrilleros, en el combate a otras organizaciones guerrilleras, en la ocupación militar en Chiapas, en la persecución y sitio al EZLN y en la persecución al EPR durante la década pasada, así como el continuo seguimiento, espionaje y persecución contra los distintos grupos guerrilleros y que hay en el país. También participa en labores de espionaje y represión en contra de luchadores sociales y organizaciones de izquierda sin perfil político militar.

Desde hace ya varias décadas, el ejército mexicano está claramente configurado para la represión y la persecución política y encuentra a su enemigo dentro de nuestras fronteras y entre los propios mexicanos, es decir, el ejército mexicano, como cualquier otro, encuentra a su enemigo no a partir de su nacionalidad sino de su posición con respecto del Estado capitalista vigente.

Tal vez algunos lectores estarán preparándose a responder enérgicamente que además el ejército mexicano participa en labores de rescate cuando hay desastres naturales, sin embargo para ello no sería necesario un ejército sino un cuerpo de rescate, además su presencia en esos casos está más bien relacionada con el control de población. Aún así alguien podría añadir indignado: ¡combate a un enemigo de todos que es el narcotráfico!10. ¿Será esto cierto?

No debemos olvidar que si bien los asuntos militares se manejan con absoluta secresía y que por tanto sería muy difícil tener referencias concretas de personajes, conversaciones o definiciones internas, está claro que no puede ser completamente autónomo, al servir a un Estado capitalista, defiende principalmente al capital, que es la fuerza dominante en toda sociedad capitalista, y por supuesto, el narcotráfico es parte del capital, y no sólo eso, sino que claramente es uno de los sectores más importantes de la burguesía en México, y por lo tanto podemos intuir, y más tarde comprobar que tiene gran influencia sobre el Estado Mexicano.

Dicho de manera más clara; el ejército que protegía a un Estado unipartidista donde se concentraba prácticamente todo el espectro político admitido dentro del mismo, un Estado hegemonizado por aquella burguesía nacional con tintes semi industriales y de agro producción, misma que reprimió a un movimiento estudiantil que se atrevió a cuestionarlo, es el mismo que hoy protege a un Estado tripartidista hegemonizado por la burguesía extranjera y por una burguesía narcotraficante transnacional.


Morelia; la explosión que nadie puede explicar

Nadie puede negar que el negocio del narcotráfico se ha fortalecido en México durante los últimos años y con ello las secuelas que acarrea. En un mundo del que poco se sabe, hemos podido percibir el crecimiento de organizaciones dedicadas a este negocio, las cuales cuentan con operadores de negocios, financieros, pistoleros, sicarios y guardias armadas a través de las cuales se disputan los mercados sin más ética o guía moral que la determinada por la conquista de los mismos. Ajustes de cuentas, asesinatos, amenazas y otras situaciones similares parecen acompañar cotidianamente a dicho negocio. Se trata, por decirlo de alguna manera, de una expresión muy transparente del capitalismo. Se puede percibir también que gran parte de la economía mexicana está ligada directa o indirectamente al narcotráfico, pues éste desata una serie de cadenas productivas y de circulación de capital que pasa de los bancos a la industria, al turismo, etc. Cómo en todo negocio capitalista, los principales beneficiarios del mismo son unos cuantos, sus dueños, pero se sirven de un sinnúmero de personas que sin empleo o perspectiva de superar su condición por medios legales son empleados por los narcotraficantes como productores, procesadores, distribuidores o sicarios; percibiendo un mejor ingreso que al que podrían aspirar en la economía legal.

Sin embargo sería un gravísimo error de un pretendido análisis dialéctico si dijéramos que sólo la pobreza explica el narcotráfico, pues está también motivado por la ambición de quienes teniendo ya bastante riqueza en sus manos, buscan insaciablemente incrementar su capital. De tal suerte que sería muy parcial y hasta cierto punto falso decir que el narcotráfico ha penetrado a la economía legal y que por ello se encuentra revuelto con ésta, o bien que el narcotráfico ha penetrado al Estado y por ello existen funcionarios corruptos. En realidad, también ha habido elementos de la burguesía legal que de manera conciente han hecho negocio con el narcotráfico y que ha trasladado por tanto parte de su capital hacia ese rubro, como también ha habido elementos del Estado, particularmente de los encargados de la “seguridad pública” que han buscado negociar con los narcotraficantes para disfrutar de parte de las ganancias obtenidas del mismo. Así pues, resulta muy complicado diferenciar a la burguesía narcotraficante del resto de la burguesía, así como distinguir a algún sector del Estado verdaderamente opuesto a dicho negocio; de hecho, de manera conciente o inconciente, Estado y burguesía son los principales responsables del incremento de dicha actividad económica que por tanto al incrementar su importancia en éste sentido, incrementa también su influencia política y su injerencia en asuntos de Estado.

Por otra parte es importante recordar que Felipe Calderón llegó al gobierno después de un fraude electoral y en medio de la amenaza de una crisis política que pudiera transformarse en crisis de Estado, sobre todo en caso de rebelión popular. En ese contexto, con millones de manifestantes en las calles y con una inconformidad social a gran escala, Calderón no se dio el lujo de asumir la presidencia sin antes ponerse plenamente de acuerdo con el ejército, quien directamente garantizó al mismo su toma de posesión. Esto se daba conjugado al aumento cada vez más escandaloso del narcotráfico y de una aparente guerra de cárteles que se disputaban de manera cada vez más violenta el control de sus mercados.

Así pues, Calderón sabía que su gobierno, por demás carente de legitimidad social, no podría consolidarse sin el respaldo y colaboración plena de las fuerzas armadas. No solamente por la forma en como llegó al poder, sino porque su programa de gobierno lleva consigo una serie de medidas neo liberales que de antemano se sabe incrementarán la inconformidad social. Este proceso implica más que otra cosa, el reflejo de una decisión tomada en las altas esferas del poder económico, principalmente ligado al imperialismo norteamericano, que no piensa dar marcha atrás en el proyecto neoliberal, que por el contrario pretende profundizarlo y ha escogido el modelo de un Estado profundamente comprometido con la causa neoliberal que garantice el cumplimiento de la misma por los medios que sean necesarios, entiéndase, que no vacile en reprimir a quienes amenacen con obstaculizarla.

El aumento de la violencia entre narcotraficantes prestó a Calderón el escenario idóneo para sacar al ejército a la calle, aumentar su presupuesto y promoverle una legitimidad que a pulso ha perdido a través de los años. Por ello, su primer acto de gobierno fue el traslado masivo de elementos del ejército al estado de Michoacán, colocando retenes, haciendo cateos y detenciones casi siempre ilegales, que por cierto, no tuvieron como resultado la disminución de la actividad del narcotráfico en dicho Estado, sino, en todo caso, un posible cambio en la administración de dicho negocio.

Similares operativos se han hecho en Chihuahua, Sinaloa y Tamaulipas, principalmente, y el resultado sigue siendo bastante dudoso, y más que eso, los elementos del ejército mexicano han demostrado su incapacidad para tratar con civiles y han evidenciado que en general los identifican como enemigos, lo cual tuvo su expresión más evidente cuando un retén de militares abrió fuego en Sinaloa contra de una familia que nada tenía que ver con el narco.

Mientras esto sucedía, en el ámbito de las contrarreformas neoliberales, ha sucedido lo lógico, cada contrarreforma trae consigo expresiones de resistencia popular, hasta ahora, ha destacado la movilización en contra de la privatización de Petróleos Mexicanos, a lo cual habría que sumar la resistencia a las reformas a la ley del ISSSTE11 y la creciente movilización en contra de la llamada Alianza por la Calidad Educativa que convierte de manera descarada a la educación pública en un instrumento de la burguesía imperialista y que conlleva en parte su privatización.

Sin duda la privatización de PEMEX es el punto más sensible hasta ahora para el gobierno de Calderón, es una contrarreforma de gran importancia económica, de las más exigidas por el imperialismo, pero que resulta políticamente más complicada por lo que significa para el pueblo mexicano la propiedad sobre su riqueza petrolera. La iniciativa de Calderón no ha demostrado tener ninguna popularidad y por el contrario la manifestación en contra de dicha reforma ha sido bastante numerosa, por lo que por el momento se encuentra trabada. Se presiente que su aprobación traería un aumento considerable de la inconformidad social y una posible radicalización de la movilización popular hasta ahora hegemonizada por una fuerza tradicionalmente entreguista, el PRD.12

En ese contexto, el Estado mexicano, a través de muchos de sus voceros, diversos poderes e instituciones y, principalmente a través de sus medios de comunicación como Televisa y TV Azteca, promovieron una gran campaña de paranoia por la actividad de la delincuencia y particularmente del secuestro, convocando a una “movilización ciudadana” para exigir un combate más efectivo en contra de la misma. Esto conllevó una serie de pronunciamientos de los funcionarios de distintos gobiernos en el sentido de incrementar el gasto destinado a los cuerpos policíacos, a mejorar y renovar su armamento y, principalmente a reducir lo que llaman trabas legales para procesar a los delincuentes, lo cual no significa otra cosa que la desaparición paulatina de las garantías individuales y la generalización de un estado de sitio que le facilite al régimen la represión política.

Con toda esta situación alrededor, es que se producen las ya mencionadas explosiones de dos granadas de fragmentación durante la celebración de la Independencia de México en la ciudad de Morelia Michoacán, lo cual trajo consigo ocho civiles muertos y cerca de cien heridos. Hasta ahora nadie ha podido ofrecer una explicación lógica de porque alguien habría podido planear semejante cosa. Las explicaciones de las procuradurías y organismos de seguridad pública han apuntado a relacionarlo con acciones del narcotráfico en medio de la guerra de cárteles, sin embargo nadie puede explicar cómo favorece dicha acción a sus objetivos de acaparar mercados de producción y distribución de drogas. Por el momento, las supuestas investigaciones no han pretendido señalar a grupos guerrilleros como responsables de los mismos, cuestión que resultaría absolutamente inverosímil puesto que es completamente contrario a su planteamiento político y su modo de operación, aunque no podemos descartar que más adelante, ya sea esa misma acción o bien otras similares pretendan ser achacadas a los mismos tal como se ha hecho en otros momentos o lugares como España y Colombia en el afán de desprestigiarlas.

Sería ocioso tratar de iniciar desde este espacio una línea de investigación pericial o algo por el estilo, sin embargo resulta mucho más útil preguntarse quién gana más con dicha acción.

La primera reacción del gobierno de Calderón es nuevamente militarizar el estado de Michoacán, y rodearse de una campaña mediática para convencer a la población de la necesidad de suspender las garantías individuales para combatir a la delincuencia y el terrorismo. De esta manera, si bien no podemos señalar quién fue, si podemos buscar posibles beneficiarios, y en este caso sólo ha habido uno, el gobierno de Calderón.

Esto no significa que necesariamente sea imposible que un grupo de sicarios vinculado al narcotráfico haya operado y llevado a cabo dicha acción, pero sí supondría que dicho grupo está realizando acciones armadas que favorecen al Estado mexicano. Esto no tendría nada de novedoso, a menudo el Estado se vale de instrumentos represivos que no reivindica nominalmente. En México, tenemos el triste caso de los halcones, quienes reprimieron una manifestación de estudiantes en 1971 ocasionando varios muertos y heridos sin que hasta ahora el ejército mexicano reconozca que fueron ellos quienes crearon, prepararon y auspiciaron las acciones de dicho grupo. Es también el caso de los grupos paramilitares que han operado en muchas partes de América Latina y que particularmente en Colombia, dichos grupos muestran el vínculo del paramilitarismo con el Estado y el narcotráfico. Así que definitivamente el Estado mexicano y el gobierno que lo encabeza no solamente tendrían interés en que algo como lo ocurrido en Morelia sucediera, sino que además puede contar con un sinnúmero de instrumentos para hacer que suceda, incluyendo por supuesto la coordinación del mismo con organizaciones de sicarios vinculados al narcotráfico.

¿Alguien duda que el Estado pueda provocar o cuando menos dejar pasar la muerte de civiles para justificar una serie de acciones represivas? Quién así lo haga sin duda desconoce la forma en que procede un Estado al servicio de la clase capitalista, sin duda no se ha percatado del efecto que tuvo el 11 de Septiembre del 2001 en la política de Estado en los Estados Unidos, ni del incendio del Reichstag durante el régimen de Hitler, ni del estallido del buque Maine en el puerto de la Habana.13 Quien considere al Estado Mexicano y a su ejército como incapaz de asesinar civiles, es porque definitivamente no recuerda lo ocurrido en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.


La situación que tenemos

En primer lugar tenemos un gobierno profundamente antipopular que llegó a donde está gracias a una operación de Estado de la mano de los capitalistas más poderosos del mundo y del Estado imperialista norteamericano. El proyecto de Calderón fue el elegido por dichos sectores de la clase dominante por considerar que era el más comprometido con sus intereses. Sin duda la inconformidad social y la resistencia popular debía estar contemplada en esa elección, es decir, quiénes hicieron que Calderón llegara al gobierno sabían que se trataría de un gobierno impopular y que en la medida en que pasara el tiempo y reafirmara su compromiso para con el gran capital se haría aún más impopular. Dentro del cálculo seguramente se encuentran las movilizaciones que se han venido desatando a raíz de las nuevas contrarreformas neoliberales. Ante dicha situación, para el Estado es necesario tener un plan para contrarrestar dicha inconformidad e insubordinación popular; ésta vez el plan no contempla la negociación con los inconformes, sino el combate a los mismos, y para ello es necesario tener un aparato represivo fuerte, capaz de mantener un estado de sitio, contando para ello con instrumentos políticos, jurídicos y materiales suficientes para hacerlo.

Dicha política represiva no comienza sin embargo a partir de la entrada de Calderón sino que tiene su punto de arranque más visible el 3 y 4 de mayo del 2006 cuando los cuerpos policíaco- militares encabezaron la llamada “Operación Rescate” en San Salvador Atenco que dejó como saldo dos muertos, cientos de detenidos, torturados, golpeados y mujeres violadas. Tras dicha acción fueron trasladados a penales de máxima seguridad los principales dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra entre quienes figura Ignacio del Valle. El mismo procedimiento se siguió ante la gran insurrección oaxaqueña del mismo año; el gobierno se negó a dialogar con la APPO y resolvió la crisis a través de la intervención del ejército y de la policía federal. El gobierno también se negó a contar los votos de la elección del 2006 a pesar de una fuerte presión popular que así lo exigía.

Ya entrado el gobierno de Calderón, se ha negado a negociar con los trabajadores al servicio del Estado, mantiene firme su propuesta de privatizar PEMEX y se niega a dialogar con los maestros que rechazan la llamada “Alianza por la Calidad Educativa”. También se ha dictado sentencia a Ignacio del Valle, Felipe Alvarez y Héctor Galindo del FPDT a 120 años de prisión, es decir, los ha condenado a cadena perpetua dentro de las cárceles de exterminio del régimen, negándose en todo momento a negociar con quienes demandan la libertad de los presos políticos

En segundo lugar tenemos una situación muy confusa de supuesta guerra entre cárteles de la droga que con su desarrollo ha dotado a Felipe Calderón de una justificación ideológica para elevar la presencia de los órganos represivos del Estado que han demostrado ser absolutamente ineficientes para detener el narcotráfico y que sin embargo actúan con toda determinación para reprimir a la organización popular. Sería muy ingenuo pensar que el Estado mexicano es ajeno a la violencia desatada entre narcotraficantes, principalmente cuando participa de ella, cuando es por demás sabido que la mayoría de los organismos policíacos, de investigación y militares están participando de muchas maneras en el negocio de los narcóticos. De esta manera nos es muy difícil establecer la distinción entre los intereses del narcotráfico y los del Estado y cuando menos podemos afirmar que parte de los sicarios de éstos grupos están actuando justo en el sentido que favorece la política de Estado. Se hayan puesto de acuerdo o no, forman una misma fuerza pues actúan en el mismo sentido y se benefician mutuamente de sus respectivas actividades, puesto que entre otras cosas el aumento de los operativos sostiene altos los precios de la droga que pasa a los Estados Unidos y la creciente violencia de los grupos de sicarios resulta favorable al gobierno de Calderón puesto que le permite sostenerse siendo tan impopular como al principio en medio de un estado de sitio. Y por si fuera poco, aparece un hecho inédito, la explosión de Morelia, la cual cobra víctimas entre la población y cuyo único beneficiario ha sido hasta ahora el propio gobierno de Calderón.

El estilo del presente gobierno no es sin embargo inédito, ha sido el estilo con el que han gobernado en América Latina los gobiernos más comprometidos con el imperialismo norteamericano y se asemeja cada vez más al estilo del gobierno colombiano de Álvaro Uribe. Difundiendo pánico entre la población se ejercen todas las medidas legales e ilegales de una dictadura pero recubierto de un supuesto modelo democrático en donde se celebran elecciones regularmente y sesionan los órganos legislativos. El principal llamado que hacen dichos gobiernos es a la unidad, piden, en nombre de la patria, que se dejen de lado las diferencias políticas en aras del combate al terrorismo para ir conformando un ambiente en donde se identifique y se pueda tratar como enemigo a todos aquellos que se opongan a los designios del gobierno en turno.

A cuarenta años del 2 de Octubre, lo más cómodo para el Estado mexicano ha sido permitir que se reivindique a ese movimiento en lugar de confrontar a quien lo hace, y más allá de eso, lo más efectivo ha sido apropiarse de la memoria de dicho movimiento para incorporarlo a su justificación ideológica de Estado, nada cuesta hablar de la masacre de Tlatelolco cuando los muertos ya están muertos, nada cuesta cuando quienes han lucrado con su militancia pasada han vendido la memoria de sus compañeros caídos al oportunismo o a la reacción. Nada cuesta hoy en día dar por bueno y por finalizado un movimiento que hace cuarenta años luchó por libertades democráticas, sobre todo cuando el Estado se las arregla para que nadie increpe dicha manipulación.

Pero en la realidad, lo que tenemos es un Estado que está reprimiendo sistemáticamente a la disidencia real, al tiempo que afina sus instrumentos para seguirlo haciendo, que hoy como hace cuarenta años encierra a dirigentes políticos sólo que ahora con sentencias más duras, que hoy como ayer impide a quienes disienten con la política de Estado en general que expresen su opinión en algún medio de comunicación, que hoy como ayer, el Estado se dota de instrumentos jurídicos para reprimir más cómodamente a la disidencia; hoy como ayer, los organismos de seguridad pública están dirigidos por políticos corruptos que a la vez que negocian con la delincuencia se niegan a hacerlo con los opositores del régimen; hoy como ayer se asesinan civiles y nadie ofrece una explicación convincente al respecto y hoy como ayer el único beneficiario es el Estado.

No, definitivamente el movimiento del 68 no ha ganado, hace falta mucho para que eso suceda y definitivamente no podrá triunfar dentro de un país cuya política económica está tan atada a la del gobierno más genocida de la historia, no podrá triunfar en un país dónde las principales instituciones del Estado, como lo es el ejército, siguen intactas desde entonces.

Reivindicar hoy la memoria de los mártires de Tlatelolco de manera congruente implicaría mínimamente exigir la libertad de los presos políticos como Ignacio del Valle, la aparición con vida de los desaparecidos, el cese de las desapariciones forzadas como la de Edmundo Reyes Amaya, Alberto Cruz Sánchez y Francisco Paredes Ruíz, el desmantelamiento de los grupos paramilitares que operan principalmente en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, exigir cuando menos que el ejército no se inmiscuya en asuntos civiles, luchar por una prensa donde las voces disidentes del Estado encuentren algún espacio, exigir que los funcionarios encargados de la seguridad pública sean honestos y sin vocación represiva. Pero todo esto sería insuficiente aún, en realidad luchar por un país con libertades democráticas implica luchar por un orden social y económico completamente distinto, luchar en contra del Estado Capitalista que reproduce asesinos y torturadores, tendría que implicar arrebatarle el poder a la clase capitalista que por medios legales o ilegales busca insaciablemente acumular más y más riqueza a costa de lo que sea y en donde la vida humana, cuando menos la vida de la gente del pueblo, no tiene ningún valor y se les puede matar por muchas razones. Sólo hasta entonces podremos decir que se ha hecho justicia a los mártires de Tlatelolco.

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1 El autor es Sociólogo y Maestro en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Militante del Comité de Lucha por el Movimiento de Emancipación Nacional (COLMENA). andresavilaarmella@yahoo.com.mx
2 Se exigía también la destitución de dos funcionarios encargados de la seguridad pública de vocación abiertamente represiva, Cueto y Mendiolea, un diálogo público e indemnización para las víctimas de la represión y sus familiares.

3 Por ejemplo se pueden revisar los artículos 130, 131 y 132 del Código Penal Federal que tipifican los delitos de Sedición, Motín y Rebelión, respectivamente, allí podremos ver que la interpretación de dichos artículos puede ser muy ambigua y, prácticamente a cualquier luchador social se le puede acusar de infringirlos, más aún cuando los agentes del Ministerio Público y los Jueces sirven a los intereses del Estado. Estos delitos han sido imputados a una serie de luchadores sociales. La lista de presos políticos desde el 68 hasta la fecha es muy larga, pero actualmente podemos destacar los casos de los líderes del FPDT, y de los Hermanos Cerezo Contreras, aunque existen muchos más, sin contar los que están bajo proceso o quienes ya han sido liberados por falta de elementos, por cumplimiento de sentencia, por amparo o por indulto. Aunque no todos son sentenciados, estar bajo proceso puede implicar, incluso, pasar años en prisión. Por ejemplo en cuanto a la represión sobre la APPO en el 2006 y contra el CGH de la UNAM en el 2000, se llegaron a contar los encarcelados por cientos.

4 Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática respectivamente.

5 Recordemos por ejemplo que en 1968 el Gral. Lázaro Cárdenas del Río, era militante activo del PRI, ejerciendo alguna influencia sobre sectores del mismo.

6 Abundaré sobre esto más adelante.

7 Véase: V.I. Lenin. El Estado y la Revolución. Allí Lenin describe la relevancia del control de la fuerza pública representada principalmente por un ejército profesional desligado del resto del pueblo.

8 Con el término de guerra sucia se hace referencia a una política de Estado aplicada principalmente en la década de los sesenta y setenta con el fin de aniquilar a la parte más activa de la disidencia política de izquierda, principalmente a las organizaciones guerrilleras; entre sus páginas encontraríamos casos de asesinatos, torturas y desapariciones forzadas. En el Estado de Guerrero es donde se dio en mayor magnitud.

9 Asociación Cívica Nacional Revolucionaria y Partido de los Pobres, respectivamente.
11 Principalmente con ésta se afecta el régimen de jubilaciones y pensiones para los trabajadores al servicio del Estado.

12 Señalo al PRD como partido aún considerando sus divisiones internas y la participación de otras fuerzas y partidos políticos. En tanto no ocurra otra cosa, López Obrador y su gente siguen representando a un partido tradicionalmente entreguista y una propuesta política bastante moderada que en ningún caso y en ninguna de sus fracciones ha planteado transformaciones de fondo en el orden político y económico vigente..

13 Todas las acciones mencionadas sirvieron de pretexto ideológico para emprender acciones militares de expansión y consolidación de un régimen con sus respectivos intereses económicos; el incendio del Reichstag fue utilizado por los nazis para justificar la persecución anticomunista, el entallamiento del Maine fue utilizado por los norteamericanos para hacerle la guerra a España y controlar Cuba y Puerto Rico, y el atentado en las Torres Gemelas de Nueva York para emprender una serie de guerras de expansión con el pretexto de combatir al terrorismo. De todos esos casos se sabe que en gran medida se ha tratado de farsas preparadas desde las altas esferas del poder.

Debemos aprender las lecciones del siglo XX para aplicarlas al comienzo del siglo XXI

Eric Toussaint
Rebelión


La crisis económica y financiera internacional cuyo epicentro se halla en Estados Unidos tendría que ser aprovechada por los países latinoamericanos para construir una integración favorable a los pueblos y al mismo tiempo iniciar una desvinculación parcial.

Se debe aprender las lecciones del siglo XX para aplicarlas en este comienzo de siglo. Durante la década de los 1930 que siguió la crisis que estalló en Wall Street en 1929, hubo 12 países de Latinoamérica que fueron directamente afectados y que, en consecuencia, suspendieron de manera prolongada el reembolso de sus deudas externas contraídas, principalmente, con banqueros de América del Norte y de Europa occidental. Algunos de ellos, como Brasil y México, impusieron a sus acreedores, diez años más tarde, una reducción de entre el 50 y el 90% de su deuda. México fue el que llevó más lejos las reformas económicas y sociales. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, la industria del petróleo fue completamente nacionalizada sin que por ello los monopolios norteamericanos fueran indemnizados. Además, 16 millones de hectáreas fueron también nacionalizadas y retornadas en su mayor parte a la población indígena bajo la forma de bienes comunales. En el transcurso de los años treinta y hasta mediados de los sesenta, varios gobiernos latinoamericanos llevaron a cabo políticas públicas muy activas con el fin de conseguir un desarrollo parcialmente autocentrado, conocidas más tarde con el nombre de modelo de industrialización por substitución de importaciones (ISI). Por otra parte, a partir de 1959, la revolución cubana intentó dar un contenido socialista al proyecto bolivariano de integración latinoamericana. Este contenido socialista despuntaba ya en la revolución boliviana de 1952. Fue necesaria la brutal intervención estadounidense, apoyada por las clases dominantes y las fuerzas armadas locales, para terminar con el ciclo ascendente de emancipación social de este período. Bloqueo de Cuba desde 1962, junta militar en Brasil desde 1964, intervención estadounidense en Santo Domingo en 1965, dictadura de Banzer en Bolivia en 1971, golpe de Estado de Pinochet en Chile en 1973, instalación de las dictaduras en Uruguay y en Argentina. El modelo neoliberal fue puesto en práctica primero en Chile, con Pinochet y la ayuda intelectual de los Chicago boys de Milton Friedman, y luego se impuso en todo el continente, favorecido por la crisis de la deuda que estalló en 1982. A la caída de las dictaduras en los años ochenta, el modelo neoliberal continuó vigente gracias principalmente a la aplicación de los planes de ajuste estructural y del Consenso de Washington. Los gobiernos de Latinoamérica fueron incapaces de formar un frente común, y la mayoría aplicó con docilidad las recetas dictadas por el Banco Mundial y el FMI. Esto acabó produciendo un gran descontento popular y una recomposición de las fuerzas populares que condujo a un nuevo ciclo de elecciones de gobiernos de izquierda o de centro izquierda, comenzando por Chávez en 1998, que se comprometió a instaurar un modelo diferente basado en la justicia social.

En este comienzo del siglo, el proyecto bolivariano de integración de los pueblos de la región ha tenido un nuevo impulso. Si se quiere llevar más lejos este nuevo ciclo ascendente es necesario aprender las lecciones del pasado. Lo que le faltó, en particular, a Latinoamérica durante las décadas de 1940 a 1970 fue un auténtico proyecto de integración de las economías y de los pueblos combinado con una verdadera redistribución de la riqueza en favor de las clases trabajadoras. Ahora bien, es vital tener conciencia de que hoy en Latinoamérica existe una disputa entre dos proyectos de integración, que tienen un contenido de clase antagónico. Las clases capitalistas brasileña y argentina (las dos principales economías de América del Sur) son partidarias de una integración favorable a su dominación económica sobre el resto de la región. Los intereses de las empresas brasileñas, sobre todo, así como de las argentinas, son muy importantes en toda la región: petróleo y gas, grandes obras de infraestructuras, minería, metalurgia, agrobusiness, industrias alimentarias, etc. La construcción europea, basada en un mercado único dominado por el gran capital, es el modelo que quieren seguir. Las clases capitalistas brasileña y argentina quieren que los trabajadores de los diferentes países de la región compitan entre sí, para conseguir el máximo beneficio y ser competitivos en el mercado mundial. Desde el punto de vista de la izquierda, sería un trágico error recurrir a una política por etapas: apoyar una integración latinoamericana según el modelo europeo, dominada por el gran capital, con la ilusoria esperanza de darle más tarde un contenido socialmente emancipador. Tal apoyo implica ponerse al servicio de los intereses capitalistas. No hay que entrar en el juego de los capitalistas, intentando ser el más astuto y dejando que éstos dicten sus reglas.

El otro proyecto de integración, que se inscribe en el pensamiento bolivariano, quiere dar un contenido de justicia social a la integración. Esto implica la recuperación del control público sobre los recursos naturales de la región y sobre los grandes medios de producción, de crédito y de comercialización. Se debe nivelar por arriba las conquistas sociales de los trabajadores y de los pequeños productores, reduciendo al mismo tiempo las asimetrías entre las economías de la región. Hay que mejorar sustancialmente las vías de comunicación entre los países de la región, respetando rigurosamente el ambiente (por ejemplo, desarrollando el ferrocarril y otros medios de transporte colectivos antes que las autopistas). Hay que apoyar a los pequeños productores privados en numerosas actividades: agricultura, artesanado, comercio, servicios, etc. El proceso de emancipación social que persigue el proyecto bolivariano del siglo xxi pretende liberar la sociedad de la dominación capitalista apoyando las formas de propiedad que tienen una función social: pequeña propiedad privada, propiedad pública, propiedad cooperativa, propiedad comunal y colectiva, etc. Así mismo, la integración latinoamericana implica dotarse de una arquitectura financiera, jurídica y política común.

Se debe aprovechar la actual coyuntura internacional, favorable a los países en desarrollo exportadores de productos primarios antes de que la situación cambie. Los países de Latinoamérica han acumulado cerca de 400.000 millones de dólares en reservas de cambio. Es una suma no despreciable, que está en manos de los Bancos Centrales latinoamericanos, y que debe ser utilizada en el momento oportuno para favorecer la integración regional y blindar al continente frente a los efectos de la crisis económica y financiera que se desarrolla en América del Norte y Europa, y que amenaza a todo el planeta. Lamentablemente, no hay que hacerse ilusiones: Latinoamérica está en vías de perder un tiempo precioso, mientras los gobiernos prosiguen, más allá de la retórica, una política tradicional: firma de acuerdos bilaterales sobre inversiones, aceptación o continuación de negociaciones sobre ciertos tratados de libre comercio, utilización de las reservas de cambio para comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos (es decir, prestarle capital a la potencia dominante) o credit default swaps cuyo mercado se ha hundido con Lehman Brothers, AIG, etc., pago anticipado al FMI, al Banco Mundial y al Club de París, aceptación del tribunal del Banco Mundial (CIADI) para resolver los diferendos con las transnacionales, continuación de las negociaciones comerciales en el marco de la agenda de Doha, mantenimiento de la ocupación militar de Haití. Después de un ruidoso y prometedor arranque en el 2007, las iniciativas anunciadas en materia de integración latinoamericana parecen haberse frenado en el 2008.

En cuanto al lanzamiento del Banco del Sur, éste lleva mucho retraso. Las discusiones no se profundizan. Hay que salir de la confusión y dar un contenido claramente progresista a esta nueva institución, cuya creación fue decidida en diciembre del 2007 por siete países de América del Sur. El Banco del Sur tiene que ser una institución democrática (un país, un voto) y transparente (auditoría externa). Antes que financiar con dinero público grandes proyectos de infraestructura, pocos respetuosos del ambiente, realizados por empresas privadas, cuyo objetivo es obtener el máximo beneficio, se debe apoyar los esfuerzos de los poderes públicos para promover políticas tales como la soberanía alimentaria, la reforma agraria, el desarrollo de la investigación en el campo de la salud y la implantación de una industria farmacéutica que produzca medicamentos genéricos de alta calidad; reforzar los medios de transporte colectivo ferroviario; utilizar energías alternativas para limitar el agotamiento de los recursos naturales; proteger el ambiente; desarrollar la integración de los sistemas de enseñanza...

Al contrario de lo que muchos creen, el problema de la deuda pública no se ha resuelto. Es verdad que la deuda pública externa se ha reducido, pero ha sido sustituida por una deuda pública interna que, en ciertos países, ha adquirido proporciones totalmente desmesuradas (Brasil, Colombia, Argentina, Nicaragua, Guatemala), a tal punto que desvía hacia el capital financiero parasitario una parte considerable del presupuesto del Estado. Es muy conveniente seguir el ejemplo de Ecuador, que estableció una comisión de auditoría integral de la deuda pública externa e interna, a fin de determinar la parte ilegítima, ilícita o ilegal de la misma. En un momento en el que, tras una serie de operaciones aventuradas, los grandes bancos y otras instituciones financieras privadas de Estados Unidos y de Europa borran unas deudas dudosas por un monto que supera largamente la deuda pública externa de Latinoamérica con ellos, hay que constituir un frente de países endeudados para obtener la anulación de la deuda.

Se debe auditar y controlar estrictamente a los bancos privados, porque corren el peligro de ser arrastrados por la crisis financiera internacional. Hay que evitar que el Estado sea llevado a nacionalizar las pérdidas de los bancos, como ya ha pasado tantas veces (Chile bajo Pinochet, México en 1995, Ecuador en 1999-2000, etc.). Si hay que nacionalizar unos bancos al borde de la bancarrota, esto debe hacerse sin indemnizaciones y ejerciendo el derecho de reparación (repetición) sobre el patrimonio de sus propietarios.

Por lo demás, han surgido numerosos litigios en estos últimos años entre los Estados de la región y multinacionales, tanto del Norte como del Sur. En lugar de remitirse al Centro Internacional de Resolución de Diferendos en materia de Inversiones (CIADI), que es parte del Banco Mundial, dominado por un puñado de países industrializados, los países de la región tendrían que seguir el ejemplo de Bolivia, que se ha retirado del mismo. Deberían crear un organismo regional para la resolución de litigios en cuestiones de inversiones. En materia jurídica, los Estados latinoamericanos deberían aplicar la doctrina Drago y negarse a renunciar a su jurisdicción en casos de litigio con otro Estado o con empresas privadas. ¿Cómo se puede seguir firmando contratos de préstamos o contratos comerciales que prevén que, en caso de litigio, sólo son competentes las jurisdicciones de Estados Unidos, del Reino Unido o de otros países del Norte? Se trata de una renuncia inadmisible del ejercicio de la soberanía.

Es conveniente restablecer un control estricto de los movimientos de capitales y del cambio, a fin de evitar la fuga de capitales y los ataques especulativos contra las monedas de la región. Es necesario que los Estados que quieren materializar el proyecto bolivariano de integración latinoamericana para una mayor justicia social avancen hacia una moneda común.

Naturalmente, la integración debe tener una dimensión política: un Parlamento latinoamericano elegido por sufragio universal en cada uno de los países miembros, dotado de un poder legislativo real. En el marco de la construcción política, hay que evitar la repetición del mal ejemplo europeo, donde la Comisión Europea (o sea, el gobierno europeo) dispone de poderes exagerados con respecto al Parlamento. Hay que caminar hacia un proceso constituyente democrático a fin de adoptar una Constitución política común. En este caso también, se debe evitar reproducir el procedimiento antidemocrático seguido por la Comisión Europea para tratar de imponer un tratado constitucional elaborado sin la participación activa de la ciudadanía y sin someterlo a un referéndum en capa país miembro. Por el contrario, hay que seguir el ejemplo de las asambleas constituyentes de Venezuela (1999), Bolivia (2007) y Ecuador (2007-2008). Los importantes avances democráticos logrados en el curso de estos tres procesos tendrían que ser integrados en un proceso constituyente bolivariano.

Así mismo, es necesario reforzar las competencias de la Corte Latinoamericana de Justicia, en particular en materia de garantía del respeto de los derechos humanos que son indivisibles.

Hasta este momento, coexisten varios procesos de integración: Comunidad Andina de Naciones, Mercosur, Unasur, Caricom, Alba... Es importante evitar la dispersión y adoptar un proceso integrador con una definición político-social basada en la justicia social. Este proceso bolivariano debería reunir a todos los países de Latinoamérica (América del Sur, América Central y Caribe) que se adhieran a esta orientación. Es preferible comenzar la construcción común con un núcleo reducido y coherente, que con un conjunto heterogéneo de Estados cuyos gobiernos siguen orientaciones políticas sociales contradictorias, cuando no antagónicas.

La integración bolivariana debe ir acompañada de una desvinculación parcial del mercado capitalista mundial. Se trata de ir suprimiendo progresivamente las fronteras que separan los Estados que participan en el proyecto, reduciendo las asimetrías en los países miembros especialmente gracias a un mecanismo de transferencia de riqueza desde los Estados más «ricos» a los más «pobres». Esto permitirá ampliar considerablemente el mercado interior y favorecerá el desarrollo de los productores locales bajo diferentes formas de propiedad. Permitirá poner en vigencia el proceso de desarrollo (no sólo la industrialización) por sustitución de importaciones. Por descontado, ello implica el desarrollo, por ejemplo, de una política de soberanía alimentaria. Al mismo tiempo, el conjunto bolivariano constituido por los países miembros se desvinculará parcialmente del mercado capitalista mundial. En particular, esto implicará abrogar tratados bilaterales en materia de inversiones y de comercio. Los países miembros del grupo bolivariano también deberían retirarse de instituciones tales como el Banco Mundial, el FMI y la OMC, promoviendo al mismo tiempo la creación de nuevas instancias mundiales democráticas y respetuosas de los derechos humanos indivisibles.

Como se indicó antes, los Estados miembros del nuevo grupo bolivariano se dotarán de nuevas instituciones regionales, como el Banco del Sur, que desarrollarán relaciones de colaboración con otras instituciones similares constituidas por Estados de otras regiones del mundo.

Los Estados miembros del nuevo grupo bolivariano actuarán con el máximo número de terceros Estados por una reforma democrática radical del sistema de las Naciones Unidas, con el objetivo de hacer cumplir la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y los numerosos instrumentos internacionales favorables a los derechos humanos, tales como el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (1966), la carta de los derechos y deberes de los Estados (1974), la declaración sobre el derecho al desarrollo (1986), la resolución sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007). Igualmente, prestarán apoyo a la actividad de la Corte Penal Internacional y de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Favorecerán el entendimiento entre los Estados y los pueblos a fin de actuar para que se limite al máximo el cambio climático, ya que esto representa un terrible peligro para la humanidad.

Traducción: Griselda Pinero y Raul Quiroz

En menos de 4 horas se aprobó la reforma a Pemex


Dispensa de trámites y oídos sordos a inquietudes, la tónica
La protección al recinto alterno del Senado fue encabezada por el titular de la SSP
PAN, PRI, PVEM y casi todo el PRD imponen sus votos


En un recinto alterno resguardado por el propio secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y más de cien policías federales, ya que el panista Gustavo Madero pidió el acceso de la fuerza pública al salón de sesiones, el Senado de la República aprobó ayer la reforma energética con los votos de las bancadas de PAN, PRI, Verde Ecologista y la mayor parte del grupo parlamentario del PRD.

Aunque los perredistas insistieron en que se estableciera con precisión y claridad en la legislación que Petróleos Mexicanos (Pemex) no concederá áreas exclusivas de exploración y explotación a un solo contratista, la mayoría lo rechazó, al igual que la propuesta del senador Pablo Gómez de eliminar los llamados bonos ciudadanos.

Las intervenciones de Rosario Ibarra, Dante Delgado, Ricardo Monreal, Graco Ramírez y Pablo Gómez, en favor de la demanda que en la calle enarbolaba en esos momentos Andrés Manuel López Obrador para impedir que las trasnacionales petroleras se apropien áreas completas en el Golfo de México, cayeron en el vacío, ya que priístas, panistas y legisladores del Verde las rechazaron sin siquiera discutirlas.

Los siete dictámenes que integran la reforma energética fueron aprobados en lo general y lo particular con el voto en contra de cuatro senadores perredistas –Ricardo Monreal, Yeidckol Polevnsky, Salomón Jara y Rosalinda López– y dos del PT –Rosario Ibarra y Francisco Javier Obregón. En dos de ellos, los que se refieren a la ley reglamentaria del 27 constitucional y la nueva ley de Pemex, los tres legisladores de Convergencia, Dante Delgado, Gabino Cué y Luis Maldonado, también votaron en contra.

Fue una sesión inédita, ya que es la primera vez en la historia moderna del Senado que una ley se vota en un salón copado por integrantes de las fuerzas públicas, de manera concreta elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), uniformados y vestidos de civil, que en todo momento vigilaron a los legisladores.

El plantón realizado desde poco antes de las 8 de la mañana fuera del recinto oficial del Senado, en Xicoténcatl, por los integrantes del Movimiento en Defensa del Petróleo, con López Obrador a la cabeza, hizo que la mesa directiva decidiera designar recinto alterno el quinto piso de la Torre del Caballito.

Ahí se llevó a cabo una sesión de menos de cuatro horas para aprobar, con dispensa de trámites y lo más rápido posible, lo que el panista Rubén Camarillo calificó como la reforma de Pemex más importante después de la expropiación petrolera de 1938.

Hubo pocos oradores, uno por cada bancada, para fijar posturas, todas con un denominador común: exaltar que no se trata de una reforma privatizadora. En nombre de las comisiones dictaminadoras, el priísta Francisco Labastida Ochoa formuló un resumen del contenido de cada dictamen y aprovechó para lanzarse en contra de la protesta que en esos momentos se llevaba a cabo fuera del edificio del Caballito, que estaba virtualmente sitiado por la fuerza pública.

Mientras el titular de la SSP, García Luna, vigilaba una de las puertas de acceso y decenas de elementos de la División Fuerza Federal de la PFP estaban apostados por todo el recinto y alrededor de la tribuna, Labastida sostuvo que “unos gritos y unos desplantes no rompen la vida institucional del país, ya que el Senado tiene la fuerza necesaria para resistir cualquier embate”. Expuso también que no se debe permitir “que las dictaduras imperen”, ya que “cuando las minorías tratan de imponer su criterio a las mayorías, eso se convierte en dictadura”.

Las 12 palabras…

La sesión de ayer mostró también las fuertes diferencias dentro del PRD y en el Frente Amplio Progresista (FAP), ya que mientras el perredista Graco Ramírez sostuvo que estaban ahí “con la dignidad y la conciencia limpia”, y advirtió que se hicieron todos los esfuerzos por revertir la tendencia privatizadora de Pemex que contenía la iniciativa original de Felipe Calderón, y el no lograr un solo punto, el relacionado a los contratos en áreas exclusivas, no puede demeritar “la victoria de las fuerzas democráticas”, Pablo Gómez resaltaba que tiene razón “López Obrador y la gente que está afuera”, al respaldar una propuesta que el FAP presentó y peleó durante las negociaciones en las comisiones dictaminadoras.

El coordinador de los senadores de Convergencia, Dante Delgado, deploró “el escozor con que quieren cancelar el Movimiento en Defensa del Petróleo”, la fuerza social organizada más importante del país, y “que les guste o no reconocerlo, tiene un liderazgo incuestionable en López Obrador”.

Delgado preguntó a panistas y priístas si hubiera sido tan costoso aceptar las “12 palabras”, que son: “No se suscribirán contratos de exploración o producción que contemplen el otorgamiento de bloques o áreas exclusivas”. Con ello, agregó, se habría garantizado el consenso en torno a la reforma. Explicó que el FAP cambió la propuesta original de incluir la modificación sobre áreas o bloques en el artículo quinto de la ley reglamentaria del 27 para pasarla al artículo 60 de la ley de Pemex.

La senadora Rosario Ibarra recordó que momentos antes dijo a los manifestantes, “a la gente del pueblo, que estaban muy tristes por considerar que la reforma se votará a sus espaldas”, que no perdieran la esperanza: “12 fueron los apóstoles y miren lo que lograron hacer del mundo; 12 fueron los revolucionarios que llegaron en el Granma e hicieron la revolución en Cuba”.

Al presentar la propuesta de reforma al capítulo IV de la ley de Pemex, Graco Ramírez precisó que en las leyes aprobadas no existe ninguna facultad para que Pemex otorgue a particulares áreas de producción, y “si bien es cierto que con la batalla que dimos los contratos que se van a otorgar a particulares no son incentivados, relacionados con una premiación, queremos establecer la prohibición de que se otorguen en exclusividad a una sola empresa en exploración y producción”.

A su vez, Pablo Gómez advirtió que los contratos de servicios múltiples se dan sobre la base de asignar territorios donde puede haber hidrocarburos, y el contratista toma desde la exploración hasta el mantenimiento del pozo, todo. Pemex sólo vigila al contratista, quien lo sustituye. En la reforma aprobada, insistió, no hay nada que permita ese esquema, pero “nosotros, que en este momento no gobernamos, pedimos que se prohíba ese esquema en Pemex”.

La respuesta negativa ha sido tan fuerte, recalcó Gómez, que hace pensar a cualquiera que “el Golfo de México lo quieren cuadricular para repartirlo entre las trasnacionales, con el cuento de que ellos sí saben sacar el petróleo en los fondos profundos”.

Cada dictamen se discutió en lo particular y las reservas se presentaron al el final. La del artículo 60 de la ley de Pemex incluía las 12 palabras, pero 88 senadores se opusieron a que se discutiera y sólo 30 votaron en favor. Tampoco pasaron las modificaciones a los artículos 47 y 48 de esa misma ley, para eliminar los bonos ciudadanos.

Así, pasados 15 minutos de las tres de la tarde se levantó la sesión. Legisladores panistas y priístas aplaudieron eufóricos; algunos perredistas también.

Andrea Becerril y Víctor Ballinas. La jornada

lunes, 8 de enero de 2007

Entrevista a Jorge Mansilla, embajador de Bolivia en México

LA JORNADA, 25-SEP-08

Documentado, papel de EU en operativo para tirar a Evo
Blanche Petrich

Hoy se sabe, gracias a la desclasificación de archivos secretos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y del Departamento de Estado, que el embajador estadunidense en Bolivia de finales de los años 60 y principios de los 70, Douglas Henderson, orquestó el respaldo a los generales de Santa Cruz en el golpe de Estado de Hugo Banzer, en 1971, mediante la intervención de grupos armados ilegales.
Era el mismo diplomático que en 1967 reportó el asesinato del Che Guevara, un hecho que conocía muy bien, pues él mismo había coordinado la participación de una docena de boinas verdes del ejército de su país en la cacería del guerrillero.
Jorge Mansilla, embajador de Bolivia en México, sostiene que no será necesario esperar a que dentro de 25 años se desclasifiquen nuevos documentos secretos en Washington o Langley para saber que durante el mandato de George W. Bush se puso en marcha un operativo para descarrilar el proyecto de cambio en Bolivia, que preside Evo Morales. Y que el embajador Philip Goldberg jugó un papel en este complot. "Hoy mismo podemos mirar las evidencias que tenemos a la mano".
Enumera algunas de ellas:
En marzo de 2006 es detenido el ciudadano estadunidense Tristán Jay Armero, responsable de haber hecho estallar una carga de dinamita en un hotel de La Paz. Hubo dos muertos.
En junio de ese año, es arrestada en el aeropuerto de La Paz Donna Thi, otra ciudadana estadunidense, procedente de Miami en una aerolínea de Estados Unidos. Pretendía ingresar con un paquete de 500 municiones calibre 45, que había registrado como "queso". La esperaba en la terminal la esposa del agregado militar de la embajada de su país, coronel James Campbell. El propio embajador (hoy expulsado) Goldberg intervino en defensa de la contrabandista, alegando que las municiones eran para fines "deportivos". Las autoridades bolivianas no aceptaron ese argumento.
Abril 2007. Se descubre que la empresa estadunidense Casals & Associates, asentada en Santa Cruz de la Sierra, transfirió 13.3 millones de dólares a organizaciones opositoras de ese departamento. Pocos meses después se registra un atentado dinamitero contra la residencia de médicos cubanos en Santa Cruz. En ese periodo ocurre también una explosión en el consulado boliviano en Caracas.
Una investigación de la abogada venezolana-estadunidense Eva Golinger revela la transferencia de 120 millones de dólares de la Agencia Estadunidense para el Desarrollo Internacional y la National Endowment for Democracy –de 2005 a 2008– a supuestos proyectos de desarrollo social "contra el narcotráfico", repartidos entre grupos estudiantiles, periodistas y medios de comunicación, partidos políticos anti-Evo y empresarios. Los "proyectos sociales" se enfocan a actividades de sabotaje contra el proceso de la Asamblea Constituyente, mediante manifestaciones autonómicas, confrontaciones violentas, campañas de descrédito contra el movimiento indígena y las propuestas del Movimiento al Socialismo (MAS), paros y bloqueos "cívicos", así como llamados a derrocar al presidente Morales.
Desde entonces, más de 80 mil jóvenes se integran a la Unión Juvenil Cruceñista que, según denuncias, recibe armas trasegadas ilegalmente desde la frontera con Argentina.
Antes y después de las consultas autonómicas que organizaron los prefectos de los departamentos de la Media Luna (Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija), más Cochabamba y Chuquisaca, se documentan las frecuentes reuniones de Goldberg con autoridades, empresarios y "líderes cívicos" secesionistas. También hay "encuentros secretos", aunque no tanto, pues pueden ser consultados en Youtube, antes del referendo al que se sometió el gobierno de Morales, el pasado 10 de agosto. En ese lapso ocurren los asaltos violentos de grupos "civilistas", siempre bien dotados de petardos y gases lacrimógenos, coordinados por los prefectos y los alcaldes opositores, en contra de indígenas afectos al gobierno de Evo en Santa Cruz (11 de enero, dos muertos), Sucre (24 de mayo, centenares de indígenas golpeados, escupidos y humillados) y Cobija (13 de septiembre, 18 muertos, entre ellos un niño).
En este último episodio se confirmó que los grupos armados que emboscaron a los normalistas y campesinos se trasladaban en vehículos oficiales de la prefectura. El prefecto Leopoldo Fernández, interlocutor frecuente del embajador Goldberg, es acusado de homicidio.
"Para derrocarlo tendrían que matarlo"
"El golpe civil, como le llama el presidente, está en marcha. Sólo que para derrocar a Evo, primero tendrán que matarlo", sentencia el embajador Mansilla.
El diplomático, quien vivió en carne propia dos golpes de Estado anteriores, reconoce algunos paralelismos entre el modelo de golpe que se puso en marcha en 1971 y el actual clima de tensión en Bolivia. Una similitud –señala– es el protagonismo de la embajada de Estados Unidos. Otra coincidencia entre aquel golpe militar y el "golpe civil", conjurado por el momento, es el chantaje del movimiento separatista, ahora extendido a toda la región de la llamada Media Luna.
"Pero entre 1971 y 2008 hay diferencias sustanciales", apunta Mansilla. "Juan José Torres estaba solo. Había empezado la avanzada fascista; los experimentos populistas y liberales de Juan Velasco Alvarado, en Perú, y Héctor Cámpora, en Argentina, habían terminado violentamente. En Brasil y Paraguay ya se había instaurado una dictadura castrense. Caerían uno a uno los ensayos democráticos del Cono Sur: Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay. No había espacio, ya no digamos para un proyecto de izquierda, ni siquiera para los nacionalistas".
Para el proyecto popular de Evo Morales, las condiciones internacionales son menos asfixiantes: "los gobiernos progresistas, el eje de los malos, según Bush, están creciendo. Venezuela, Chile, Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay, Cuba, Nicaragua, Honduras, Guatemala... todos respaldan a Bolivia".
–El apoyo más reciente fue el de los presidentes sudamericanos en la reciente cumbre de la Unión de Naciones Sudamericanas, en Santiago.
–Y el más significativo, porque con el voto de confianza a Evo Morales se están curando en salud. Hay que tomar en cuenta que es la primera organización política regional en la que no están representados ni Estados Unidos ni Canadá. Es la primera victoria en contra de la OEA (Organización de Estados Americanos).
Otra condición distinta al ambiente golpista de los años 70 –precisa– es que "el sistema del imperialismo está en fase de decadencia. A Bush le queda un mes y medio más en la Casa Blanca. Y no sé si Obama o McCain quieran repetir el ridículo de Bush en Iraq antes de voltear a ver a América Latina.
"Por el momento, el riesgo de un golpe contra el gobierno del MAS se ha conjurado. Pero lo van a seguir intentando. Van sobre Bolivia. Estamos en su plan."
–¿Cuenta con la lealtad de las fuerzas armadas? ¿Qué le hace estar seguro de que los militares no van a optar por la vía del golpe, como hicieron tantas veces en el siglo XX?
–No lo van a hacer. En primer lugar, porque saben que los golpistas de hoy sí son capaces de desgarrar Bolivia. Y en segundo lugar, porque hoy los oficiales jóvenes de las fuerzas armadas tienen otra mentalidad. Al llegar a la presidencia, Evo tuvo el acierto de descabezar a dos generaciones de generales y oficiales. Muchos de ellos participaron en golpes anteriores, se identificaron con gobiernos golpistas. Los mandó a retiro y dio las riendas, ni siquiera a los coroneles, a los capitanes, a quienes involucra en la defensa del gas. Ellos han sido los garantes en el rescate del gas, la minería, los ferrocarriles, las fundidoras, las telecomunicaciones. Es decir, hoy día, el peligro de un golpe de Estado no viene por el lado del ejército boliviano, por primera vez. Además, está el tema de la Renta Dignidad. Sus padres se benefician con los 25 dólares asignados como pensión a todos los mayores de 60 años; 700 mil bolivianos lo reciben. Los separatistas quieren quedarse con la totalidad del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, que es el recurso de donde sale esta pensión. La base de nuestro ejército es pobre e indígena.